04/11/2022

Opinión

OPINIÓN

Lula y el desafío de terminar con el modelo extractivista

Por Maria Jose Lubertino, doctora en Derecho, especialista en Derecho Ambiental y presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos.

Sin dudas los problemas globales más graves del planeta hoy son el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Estamos a pocos días de una nueva Cumbre del Cambio Climático de la que participarán distintos Estados, la sociedad civil y empresas de todas partes del mundo, junto a científicos y técnicos que vienen llevando adelante investigaciones sobre el panel de cambio climático IPCC.

Los Estados han ido asumiendo los compromisos de adoptar políticas que no empeoren la situación o la mejoren. Por el momento, no se ve esa mejora y lo que sucede en el conjunto del mundo tiende a empeorar a pesar de todos los debates y compromisos asumidos.

América Latina está en una situación muy crítica teniendo en cuenta que nuestra región es uno de los reservorios de naturaleza y biodiversidad más importantes del mundo, que por supuesto también contribuye a amortiguar el cambio climático, pero lo que se puede ver es que los gobiernos de la región sean neoconservadores o populares han adoptado un modelo de desarrollo económico extractivista.

Esto se ve en la depredación de los bosques, en la explotación minera con cianuro y fracking. Se ve en la continuación del modelo energético basado en los hidrocarburos y de generación de energía de grandes represas. Esto en otra época era visto como algo bueno y positivo, pero ahora sabemos que tiene grandes efectos negativos sobre los ríos y por supuesto, no se ve aún la transición hacia una economía sostenible y sustentable.

La región necesita cambios fundamentales y estos cambios serían imposibles con un gobierno como el de Bolsonaro. El pueblo vuelve a gobernar en Brasil y es una nueva oportunidad para hacer las cosas mejor y distintas.

En este sentido, en todos los países de nuestra región, la atención y la presión de los organismos internacionales, económicos y financieros tratan de disciplinar a los gobiernos progresistas o populares para que terminen haciendo lo mismo que las derechas. Esto se ve no solo en los procesos de endeudamiento que son parte de lo que llamamos el extractivismo financiero, sino también se ve especialmente en las políticas de desarrollo económico que van a generar beneficios para ser distribuidos en el conjunto de la población.

Brasil de la mano de Lula vuelve a tener una oportunidad para cambiar el rumbo, no  sólo en términos de gobernar a favor de las grandes mayorías, cosa que ya había hecho el Partido de los Trabajadores (PT) con sus políticas de inclusión alimentaria, educativa y salud, con sus políticas de reconocimiento de las diversidades de género, raciales, étnicas, sino que también es un buen momento para profundizar en aquellos cambios que no se hicieron en los gobiernos anteriores.

La cuestión ambiental en Brasil es un tema central porque durante el gobierno anterior de Lula no hubo un cambio de paradigma en términos del respeto a una posición ecologista, sino que se profundizó el modelo extractivista. Algo fundamental es poder retomar y trabajar en estos temas en los que muchos sectores del PT están altamente involucrados, pero que cuando llegaron al gobierno antes no lo llevaron adelante.

Un ejemplo es el tema de la Amazonía y la necesidad de generar una política en relación a los distintos ecosistemas en Brasil que, mirando las posibilidades de desarrollo y las necesidades de la población no depreden la naturaleza al punto total que impida su regeneración. Esto es lo que pasa normalmente cuando hay gobiernos que no tienen límites frente a los límites que la naturaleza impone.

Hay muchos discursos de lo que llamamos “green washing” o “cosmética verde” sobre todo y paradójicamente en los gobiernos neoconservadores. En el caso de los gobiernos populares o progresistas a veces se justifica la depredación de la naturaleza con un sentido de supuesta justicia social, sin entender que, la justicia ecológica también es justicia social porque cuando se daña el ambiente, se contaminan los ríos, el aire, la tierra, se pierde la biodiversidad, los primeros que sufren los efectos del cambio climático con las megas inundaciones o sequías, son los sectores más humildes, son los que van a tener que migrar hacia otros lugares. Particularmente las mujeres y los niños son los más afectados por todas las catástrofes naturales que obviamente son generadas a partir de la mano de los hombres.

En el caso de Argentina es auspicioso que la sociedad cada vez tenga más conciencia. Hoy hay más educación ambiental que la que había hace 20 años atrás y especialmente la sanción de la Ley 27.592 o Ley Yolanda va a contribuir a que obligatoriamente los funcionarios de los tres poderes del Estado deben capacitarse en materia ambiental. Sin embargo, eso va a demorar un largo proceso porque una cosa es cumplir con las formalidades de una ley y otra cosa es internalizar en las políticas públicas los cambios que hacen falta.

Los cambios que hacen falta están más vinculados a los altos niveles de decisión en el poder legislativo en el Poder Ejecutivo y en el Poder Judicial como última instancia que lo que puede hacer un empleado de la Administración Pública de cualquiera de los tres poderes.

El 2 y 3 de noviembre vamos a estar votando el representante del público en el proceso de participación de sociedad civil del Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú es el primer tratado regional de América Latina que establece la defensa de los mecanismos de participación ciudadana y garantiza el acceso a la justicia en materia ambiental y los mecanismos de protección de los defensores ambientales, siendo que, en nuestra región se producen la mayor cantidad de los homicidios por causas ambientales, es decir, la mayor cantidad de homicidios de defensores ambientales se da en la región de América Latina.

Recordemos que las legislaciones en materia ambiental de América Latina son muy diferentes. Comparado con otros países de América Latina, Argentina tiene una buena legislación protectora. Contamos con la Ley General del Ambiente, el nuevo Código Civil, la ley de bosques, la Ley de Glaciares. Sin embargo nos falta una ley de presupuestos mínimos, de estudios de impacto ambiental, de evaluación ambiental estratégica y por supuesto, nos falta una ley de humedales por la que estamos luchando y aún las leyes vigentes se implementan no siempre satisfactoriamente.

En muchos casos, si no fuera por la movilización ciudadana no se hubieran aprobado obras o procedimientos que están reñidos con la perspectiva ambiental, ejemplos de esto han sido las movilizaciones en Mendoza, Chubut, el litoral y la costa atlántica en contra de la megaminería y la exploración hidrocarburífera.




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