Sucesos
Policiales
Procesan a implicados en falsificación de domicilios y alteración del padrón electoral
La Cámara Federal de Tucumán procesó a los implicados en una maniobra durante las elecciones de 2015 en Burrayacu, en la provincia de Tucumán, donde se falsificaron domicilios en el padrón electoral para intentar ganar una elección.
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La maniobra consistió en quedarse con 232 DNI y cambiarles el domicilio para hacerlos votar en la localidad en cuestión. El fallo de la Cámara revocó un veredicto anterior y procesó a todos los imputados, incluyendo a Víctor Hugo Carrizo, encargado del Centro de Documentación Rápida local.
Según la sentencia, Carrizo tenía el conocimiento necesario para detectar la irregularidad de los trámites de DNI que llevó adelante, ya que todos los DNI falsificados tenían el mismo domicilio en el Pasaje Olijela Rivas S/N, que solo tiene 150 metros de extensión.
La Cámara Federal de Tucumán ha procesado a Víctor Hugo Carrizo, quien estaba a cargo del Centro de Documentación Rápida local, por "insertar" información falsa en un documento público, un delito que puede acarrear de uno a seis años de prisión.
Según consta en el expediente, Carrizo habría sido parte de una maniobra junto con otros implicados, entre ellos Andrea del Valle Cruz, ex concejal que habría reunido los 232 DNI. La maniobra consistía en ofrecer planes sociales a cambio de participar en un acto político y entregar su documento.
La dirección inscripta en los DNI era el domicilio de la pareja, que a la vez funcionaba como sede política y social. Los otros procesados son Pedro Rodolfo Castillo, Rogelio Ernesto Olea, Adrián Alejandro Reynoso, Verónica Luna, José Salud y Daniel Toro, a quienes se les acusa de ser partícipes necesarios de la maniobra por haber recibido los documentos adulterados.
Los antecendentes del delito
En 2015, el juez de Paz de Burrayacu, Julio Fabián Miranda, presentó una solicitud de cambio de domicilio para 232 personas ante la Secretaría Electoral de Tucumán, pero al verificar las direcciones, se encontró que ninguna persona vivía en ese lugar.
Después de que el juez detuvo el proceso y solicitó una investigación, se descubrió que se trataba de una maniobra fraudulenta. Los damnificados habían entregado sus DNI a cambio de un plan social y la promesa de participar en un acto político, pero nunca recibieron el dinero y la persona responsable, conocida como "Sandra", desapareció.
El juez de Paz sospechó que algo no estaba bien cuando descubrió que su firma había sido falsificada. "De la comparación entre las firmas dispuestas en el material indubitado ofrecido para su estudio, pertenecientes al Sr. Julio Fabián Miranda, y aquella que se encuentra en el oficio dirigido a la Secretaría Electoral, no surgieron elementos gráficos que permitan establecer que provengan de la misma mano caligráfica", dice el expediente. La investigación resultó en la acusación de varios sospechosos, incluyendo a la exconcejal Andrea del Valle Cruz y su marido, quienes presuntamente estaban involucrados en la maniobra fraudulenta.
La maniobra llevada a cabo por los implicados tenía como objetivo alterar el padrón electoral de Burruyacu con la intención de ganar las elecciones locales. Sin embargo, el año pasado el juez federal Fernando Poviña dictaminó falta de mérito para todos los acusados y sobreseyó a los propietarios de los DNI, afirmando que fueron "utilizados" por dirigentes políticos.
Ante esta decisión, el fiscal general Gustavo Gómez apeló y solicitó el procesamiento de todos los implicados. En su opinión, el fallo en favor de los acusados fue adoptado desde una perspectiva equivocada de la verdad procesal acreditada en los autos, lo que constituye una clara omisión de la justa valoración del hecho establecido en el expediente. Finalmente, la Cámara procesó a todos los responsables de la maniobra.
Fuente: infobae
