Denunciaron a Bullrich y a dos jueces por el arresto de Milagro Sala

La Justicia recibió una denuncia contra la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, los jueces de Jujuy Gastón Mercau y Pablo Pullén Llermanos por las resoluciones ilegales que se adoptaron en torno a la prisión domiciliaria que cumple la dirigente social Milagro Sala.

La denuncia fue realizada por Néstor Ariel Ruarte y Juan Manuel Esquivel, legisladores de la Provincia de Jujuy por los delitos de prevaricato, es decir dictar resoluciones contrarias a las leyes y abuso de autoridad. Además se denunció "connivencia y el acatamiento de los responsables de la Gendarmería Nacional y de la Policía Provincial", a dichas resoluciones.

En la presentación que quedó radicada ante el juez Julián Ercolini se cuestiona varias situaciones, entre ellas el hecho de que Sala fuera derivada a un domicilio que no era el suyo, que fue saqueado, que "fue convertida en una cárcel", las restricciones que le impusieron y la intervención de la Gendarmería Nacional en la prisión domiciliaria.

Se citan desde la colocación de los destacamentos policiales y de gendarmería, los alambres de púas en la casa, hasta las requisas al marido, que vive con ella.

Destacan los denunciantes que el hecho que patentiza el prevaricato con mayor claridad es la designación de la Gendarmería Nacional y de la Policía Provincial de Jujuy. "La ley 24.660 es clara cuando en su artículo 33 establece: 'En ningún caso, la persona estará a cargo de organismos policiales o de seguridad'. Así, la norma no deja lugar alguno a la interpretación y las resoluciones de los jueces son diametralmente opuestas a la ley" indica la denuncia.

"Sin embargo, de acuerdo a la presunción consagrada por el artículo 74 del Código Civil y Comercial de la Nación, el domicilio legal de Sala es el situado en el barrio de Cuyaya, San Salvador de Jujuy, donde ella siempre vivió. Es menester repetir que dicho inmueble ya había sido utilizado para el cumplimiento de una prisión domiciliaria, medida que se desenvolvió con total normalidad. Es por ello que al impedirle a Sala vivir en su propia casa, sin justificación alguna, los magistrados vulneraron tanto el ordenamiento de fondo en materia civil como el artículo 16 de la Constitución Nacional".

En lo que hace a las restricciones a las visitas, "que tampoco encuentran apoyo legal, lo producido es una flagrante afectación a la libertad de Milagro Sala, ya que la ley no prevé la posibilidad de limitar el ingreso de personas a las casas donde se cumplen prisiones domiciliarias".

"Por ello, lo dispuesto por Mercau y Pullen Llermanos implica un ejercicio analógico de aplicación de normas estrictamente prohibido en materia penal que atenta contra la libertad (art. 19 CN) tanto de Sala como de sus visitantes", expresaron.

"Esto alcanza el colmo de la irracionalidad en el hecho de que inclusive su familia y, entre ellos, su marido, que vive con ella, deban ser requisados cuando entran a la casa", advirtieron en la denuncia.

En lo puntualmente vinculado a la resolución de Pullen Llermanos, "la orden de convertir una casa en una cárcel constituye una decisión que trasluce una ilegalidad tal que dificulta su conceptualización".

Pullen Llermanos dispuso las medidas tendientes a que el domicilio del Carmen se convierta en una cárcel. Se consigna en la denuncia que "fue así que propició la colocación del alambre de púa, de las cámaras de seguridad y de los destacamentos policiales y de gendarmería".

"Es clara la connivencia y el acatamiento de los responsables de la Gendarmería Nacional y de la Policía Provincial tanto en prestar el consentimiento para llevar a cabo una tarea que sabían ilegal como en la adopción de medidas ilegales respecto de Milagro Sala".

En lo que hace a Gendarmería Nacional, la Ministra de Seguridad de la Nación y titular de dicha fuerza, Patricia Bullrich, fue notificada oficialmente por el Ministro de Seguridad de Jujuy para que habilite la intervención de los efectivos a su cargo para custodiar a Sala, "lo que, a la luz de la realidad, hizo".

"Debe notarse, entonces, que Bullrich incurrió en el delito de abuso de autoridad", establece la denuncia al explicar que "la autorización de Bullrich para que la Gendarmería Nacional intervenga en la prisión domiciliaria, que como se vio es contrario a la ley 24.660".

"Lo dicho respecto de Gendarmería Nacional debe extenderse a la Policía Provincial e investigar quién fue el responsable de autorizar la ilegal presencia de esa fuerza en el domicilio de Sala", se consignó.

Finalmente, se pide investigar quien fue el funcionario público que ordenó la instalación de cámaras y la colocación del alambre de púa, ya que dichos actos se enrolan en el primer supuesto que consagra el delito de abuso de autoridad.

"La participación Bullrich en el plan criminal expuesto, en la medida que representa un perjuicio al servicio federal que tiene asignado, hace que se vea afectado el normal desenvolvimiento de las instituciones nacionales y, en virtud de ello, es que se impone la competencia del fuero de excepción", esto es el federal, concluyeron los denunciantes.