El gobierno de Santa Fe justificó el uso de piletas en la cárcel

Tras la polémica y las repercusiones de la aparición una foto de dos presos posando junto a una pileta en la cárcel de Coronda (la más grande de Santa Fe), el Ministerio de Seguridad provincial emitió una réplica en la que defendió la instalación del recreo veraniego por "no ser un elemento prohibido" por el sistema penal y tener el objeto de "mitigar las altas temperaturas" para las visitas y niños de los presos, que son alojados junto a sus madres en los pabellones.

A través de un extenso comunicado, el gobierno santafesino planteó que las piletas además se usan "por (otros) motivos diferentes, como lo son la realización de bautismos de los distintos cultos religiosos" y desmintió "categóricamente" que este tipo de beneficios implique "la existencia de presos vip" en los penales provinciales.

Entre sus argumentos, negó que la colocación de "pelopinchos" se trate de "un elemento riesgoso", ya que "difícil es imaginar cómo podría alterar la seguridad del penal o favorecer una evasión o motín", aseguraron las autoridades.

Teniendo en cuenta la irritación que generó la aparición de la imagen, la secretaría de Asuntos Penales hizo mención de que "la Constitución Nacional y los tratados internacionales suscriptos por nuestro país establecen que las cárceles son para la reinserción social, y no para castigo" y que, en este marco, se busca otorgar "la mayor cantidad de instrumentos posibles a todas las personas privadas de la libertad para alcanzar dicho fin".

En este sentido, las autoridades penitenciarias defendieron su enfoque por los beneficios que trae aparejados en materia de reinserción social de quienes han delinquido.

"Nuestra línea es autorizar las piletas. Los internos ya están privados de la libertad. Entiendo que haya una postura de la sociedad de que tengan que sufrir, pero tenemos que considerar a los nenes (de los detenidos), no tenemos por qué castigarlos", comentó Pablo Cococcioni, secretario de Asuntos Penitenciarios.

La polémica se desencadenó esta semana luego de que se viralizara una foto del pabellón 7 de la cárcel de Coronda, donde se los ve posando junto a una pelopincho al ex jefe de la barra brava de Colón, Juan "Quique" Leiva y a Cristian "Gusano" Vera. Ambos cumplen condenas por homicidio.

Al ampliar los argumentos jurídicos, el gobierno provincial ratificó que sostiene la búsqueda de "avances en la progresividad penitenciaria, la atención de las necesidades físicas y espirituales, las actividades familiares, sociales, culturales y recreativas de los internos", según el artículo 177 de la Ley 24.660. Por otro lado, indicó que la aplicación de las "Reglas Mandela nos dicen que el cumplimiento de los principios de derechos humanos exige la individualización del tratamiento".

"El Servicio Penitenciario ha trabajado arduamente, dando respuestas a necesidades jurídicas y sociales, otorgando a los jueces mayores herramientas a la hora de otorgar salidas anticipadas al cumplimiento de la pena, adecuando la figura del concepto a nuestra ley nacional, a los fines de que quienes están privados de libertad deban aprender un oficio o realizar actividades específicas previas, como requisito ineludible para obtener los beneficios de la normativa vigente", planteó en el escrito.