Se mató después de ser descubierto estafando a la policía

El hecho ocurrió en la vivienda que habitaba Murúa, ubicada en la calle Lituania 2525, del barrio Pueyrredón, en la ciudad de Córdoba. En el lugar encontraron cartas que el hombre le dejó a su familia. En el caso interviene Fernando López Villagra, a cargo de la Fiscalía del Distrito 3, Turno 3, de la capital cordobesa.

Darío Murúa y Héctor Daniel Hernández están acusados de liderar una banda que dictó cursos, seminarios y hasta una diplomatura de los que entregaban títulos supuestamente avalados por la Universidad Católica de La Plata que resultaron ser apócrifos. Fernández es director de la carrera de Licenciatura en Criminalística de la Casa de Estudios platense. Los dos dictaban las clases y también habían contratado como docentes a prestigiosos profesionales. Para completar el ardid, a través de vínculos políticos, lograron que tanto la Legislatura de San Juan como la Unicameral de Córdoba declararan las "carreras" de interés social, educativo e institucional. No sólo eso, en los falsos títulos aparece un sello y la firma de un supuesto funcionario del Ministerio del Interior dándole validez a la firma del rector de la UCALP. La "oferta académica" era promocionada a través de las redes sociales y con volantes publicitarios que dejaban en las comisarías.

La maniobra fue descubierta por una joven agente de la Policía de San Juan -que había cursado y aprobado la Diplomatura en Criminalística- cuando intentaba ingresar a prestar servicios en la fuerza. Al iniciar las gestiones en la dependencia de la policía provincial, antes de presentar su título con el resto de la documentación pertinente, se le ocurrió consultar con la Universidad Católica de La Plata para verificar la autenticidad del título que había recibido de la organización liderada por Murúa. Allí se enteró que la universidad platense no tenía dentro de sus carreras esa diplomatura y que, por lo tanto, el título que había recibido no era válido.

Por los cursos y seminarios cobraban -en promedio- $20.000 y sólo en San Juan el monto de la estafa supera los $500.000. Entre las decenas de damnificados hay policías, gendarmes, miembros del servicio penitenciario, abogados y periodistas.