Iniciativa inédita: Antidoping para políticos y funcionarios en todo el país

La senadora del partido político Frente de Todos, Juliana Di Tullio, ha presentado un proyecto de ley que establece que todos los funcionarios del Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo deben someterse a pruebas anuales de antidoping. La intención de la medida es promover la coherencia y el compromiso dentro de los espacios políticos. 

Esta propuesta no es novedosa, ya que se han registrado antecedentes similares en diversas partes del país. En una entrevista, la senadora afirmó que la situación actual con el narcotráfico exige un compromiso serio de los funcionarios y que no se puede decir una cosa y hacer otra, ya que el pueblo exige coherencia.

La normativa propuesta por la senadora no es la primera en su tipo, ya que días antes de su presentación, el concejal Diego Casado (Hacemos por Córdoba) propuso una medida similar ante el Consejo Deliberante de la provincia, la cual exige que los candidatos a intendentes y concejales presenten un análisis complementario de sustancias estupefacientes. 

El objetivo de la propuesta es desterrar el uso de drogas en el ámbito de la gestión pública y asegurar que las personas al frente de la gestión pública sean responsables y transparentes en su accionar.

La iniciativa propone modificar el artículo 50 bis del código electoral municipal y establece que será responsabilidad de los precandidatos, precandidatas, candidatos titulares y suplentes a cualquier cargo electivo municipal acreditar el cumplimiento estricto de la presente normativa mediante la presentación de un certificado de exámenes complementarios de diagnóstico con resultado negativo de la presencia de metabolitos de sustancias estupefacientes, expedido por instituciones de salud pública.

El senador nacional por el Frente Cívico, Luis Juez, ironizó sobre la propuesta, afirmando que la política está más preocupada por saber si un dirigente es drogadicto que si es un ladrón. 

El concejal del peronismo no tardó en responder a las declaraciones de Juez, argumentando que la propuesta busca promover un compromiso serio de los funcionarios y asegurar que no sean ni ladrones ni drogadictos.

Antecedentes provinciales

En septiembre de 2016, la Legislatura de Tucumán aprobó la Ley 8850, que establece que los funcionarios de los tres poderes del Estado deben someterse a pruebas de drogas a través del sistema provincial de salud, SIPROSA.

Si el resultado de la prueba es positivo, se permitirá una contraprueba dentro de los cinco días hábiles, mientras que como medida cautelar, el funcionario en ejercicio será desplazado y se le otorgará una licencia para comenzar el tratamiento de recuperación. 

Sin embargo, un año después de la sanción de la ley, los jueces fueron excluidos de la normativa. René Goane y Antonio Gandur, miembros de la Corte Suprema de Justicia, establecieron que no se someterían a los análisis, en respaldo de los principios republicanos que exigen los recaudos necesarios para asegurar la autonomía e independencia del Poder Judicial frente al resto de los poderes.

En 2018, la provincia de Tierra del Fuego, al sur del país, implementó medidas de control similares con la promulgación de la Ley 1233. La ley, que fue firmada por la gobernadora Rosana Bertone, se aplica a todos los cargos del Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo, así como a la policía y al servicio penitenciario. 

Se requiere que se realice una prueba de orina obligatoria una vez al año, y el funcionario puede solicitar una contraprueba dentro de los 10 días siguientes al resultado. 

Además, en 2019, la diputada de la Coalición Cívica, Leonor Martínez Villada, presentó un proyecto de ley similar a nivel nacional con el objetivo de que los representantes puedan acompañar coherentemente las políticas públicas en la lucha contra el narcotráfico y las adicciones.