Sumarios en el Potenciar Trabajo: el Gobierno dio a conocer las áreas donde trabajan los investigados

En el marco de la investigación ordenada por el gobernador Osvaldo Jaldo, el Gobierno de Tucumán inició un proceso para conocer cuántos y quiénes eran los empleados públicos que cobraban el plan "Potenciar Trabajo". Desde la Casa de Gobierno, se dio a conocer el listado de reparticiones en las que se desempeñaban los empleados investigados.

De los empleados en los que se detectó la irregularidad, 230 pertenecían a la UNREL y ya habían sido dados de baja. Los restantes agentes fueron intimados para que respondan sobre su situación.

La lista abarca a 238 empleados de comunas, 126 de municipios, 24 de Desarrollo Social, 68 de Seguridad, 63 de Salud, 163 de Educación, 3 de Gobierno, 40 de Obras Públicas, 3 de Economía y 4 de la Secretaría General de la Gobernación.

En relación al listado, se ha intimado a 726 personas para que aclaren su situación, y se desvinculó por diversas circunstancias a 19 de distintas reparticiones. En tanto, de 707 empleados activos intimados, 349 han presentado un descargo en la Dirección de Recursos Humanos.

Después de los descargos, desde el 22 de enero se inició un sumario administrativo a 49 empleados de la Administración Central, de la misma manera que a empleados descentralizados, entes autárquicos, comunas y municipios.

En el caso del personal policial o penitenciario, los descargos fueron enviados al ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, y del total, ya respondieron 64.

Finalmente, en el total de casos de Educación, son 70 docentes y 93 no docentes. La semana pasada venció el plazo para presentar el descargo a los docentes, mientras que los sumarios no docentes se iniciaron esta semana.

Esta medida se originó en información proporcionada por el propio Gobierno de Tucumán al fiscal Guillermo Marijuan, quien, en el marco de la investigación preliminar que lleva adelante, detectó irregularidades en 956 agentes de la Administración Pública local.

Esta situación llevó a que el Gobierno Nacional suspendiera el cobro del plan de los involucrados hasta tanto se estableciera la eventual incompatibilidad. La normativa del Potenciar Trabaja es detallada y minuciosa, incluyendo algunas situaciones específicas de compatibilidad entre el empleo formal y la asignación del plan.