17/09/2018

Argentina

Bonadio procesó a Cristina Kirchner en la causa de los cuadernos

El juez federal señaló a la senadora como jefa de una asociación ilícita dedicada a la recaudación de coimas de contratistas del Estado, y ordenó su prisión preventiva.
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Si la medida es confirmada por la Cámara el juez pedirá el desafuero de la ex mandataria.

Este lunes el juez Claudio Bonadio procesó a la ex presidenta Cristina Kirchner por considerarla jefa de una asociación ilícita que recaudaba sobornos millonarios de contratistas del Estado, en la causa judicial que se inició a raíz de los cuadernos del chofer Oscar Centeno.

El magistrado consideró acusó a la senadora de la admisión de dádivas en 22 hechos y por cohecho pasivo en 5 hechos. Además, le dictó un embargo por cuatro mil millones de pesos. A su vez, dictó la prisión preventiva para CFK, pero para que esta medida se concrete deberá enviar un pedido de desafuero al Senado, que se encargará de definir su situación.

Sin embargo, el magistrado dejó pendiente el pedido de desafuero hasta que la Cámara Federal revise la decisión que firmó este lunes, minutos después de las 15. Si la Cámara confirma el procesamiento, entonces se pedirá el desafuero.

El procesamiento también alcanzó a otros ex funcionarios kirchneristas del entonces Ministerio de Planificación, como Julio De Vido, Roberto Baratta y José López, y a una gran lista de empresarios que se habían convertido en "imputados colaboradores" en la causa.

 Para el juez, la investigación -que se desencadenó por las anotaciones de Centeno- comprobó que desde el Ejecutivo se montó un aparato para "procurar la percepción de sumas de dinero ilegítimas por parte de diversos particulares, muchos de ellos empresarios contratistas de la obra pública del Estado Nacional".

En la introducción de la resolución de más de 500 páginas, Bonadio describe el funcionamiento de la asociación ilícita que sitúa entre los años 2003 y 2015, durante los 12 años de gobierno kirchnerista. Para el juez se "hizo funcionar una maquinaria que le sacaba con procedimientos amañados dinero al Estado Nacional en detrimento de la educación, la salud, los jubilados, la seguridad, que dejaba al pueblo más humilde sin cloacas, sin agua corriente, sin servicios, sin transporte seguro, etc., etc., y todo esto se hizo para distribuir coimas a funcionarios corruptos a cambio que, por avaricia y codicia, ese selecto grupo de empresarios también se llenaran los bolsillos mediante su participación en licitaciones o concesiones, sosteniendo a posteriori un discurso acomodaticio y cobarde, pretendiendo haber cedido a las presiones oficiales, en bien de cuidar sus empresas y los puestos de trabajo de sus empleados".

El juez detalló que durante un periodo cercano a los ocho años -como mínimo- los exfuncionarios que se encargaban de recaudar los sobornos fueron Baratta; subsecretario de Coordinación y Control de Gestión de Ministerio de Planificación; Nelson Lazarte, secretario privado de Baratta; Hernán Camilo Gómez, funcionario de la subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación; Fabián García Ramón, director nacional de Energías Renovables y Eficiencia Energética del Ministerio Planificación; Rafael Enrique Llorens, subsecretario legal del Ministerio de Planificación; y Walter Fagyas, presidente de ENARSA. La mayoría de las veces, el dinero era trasladado por Centeno.

Con respecto a cómo funcionaba la operación, el magistrado indicó que, después de llevarse su parte por sus tareas, le entregaban los fondos recaudados a otros funcionarios, como José María Olazagasti, secretario privado de Julio De Vido; Hugo Martín Larraburu, coordinador de la Unidad Ministro del Jefe de Gabinete de Ministros; Juan Manuel Abal Medina, jefe de Gabinete de Ministros; y Héctor Daniel Muñoz, secretario privado de la Presidencia.

"Esta mecánica funcionaba más o menos así: para ganar una obra pública, la explotación de un corredor vial, una concesión de transporte ferroviario o ser beneficiado con la asignación de subsidios al transporte automotor o empresas prestatarias de bienes y servicios por cuenta y orden del Estado Nacional, una empresa o grupo de empresas -UTE- entregaban un porcentaje de lo que el Estado Nacional les pagaba, a los funcionarios que Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández designaban para esos menesteres a fin de recibir esos "retornos" o "coimas", señala el escrito.

Y agregó :"Claro está que los fondos pagados por el Estado por esas contrataciones estaban "inflados" en perjuicio del conjunto de los argentinos y con el sólo objetivo de enriquecer ilícitamente a funcionarios y empresarios corruptos. El producido de esos sobornos era utilizado para sufragar de manera ilegal actividades de naturaleza electoral, o vinculadas a la gestión política del gobierno y de organizaciones satélites; también se determinó que partes de esos fondos se desviaron para comprar voluntades del Poder Judicial o funcionarios que supieron trajinar algún organismo vinculado a tareas de inteligencia política; pero el grueso de esos fondos fueron destinados a engrosar de manera espuria e ilegal, el patrimonio personal de quienes entre los años 2003 y 2015 ocuparon los más altos cargos de la República".

Entre los empresarios procesados, aparecen en la lista Aldo Roggio, Carlos Wagner, Angelo Calcaterra, Gabriel Romero, Luiz Betnaza, Gerardo Ferreyra, Néstor Otero, Juan Carlos Lascurain, entre otros. A su vez, también fueron procesados en la misma causa el exjuez federal Norberto Oyarbide y Javier Fernández, integrante de la Auditoría General de la Nación. Ambos sin prisión preventiva. (Infobae; TN.com.ar)



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