27/09/2018

Argentina

Confirman el procesamiento de Gils Carbó por la compra del edificio de Procuración

Así lo informó la Cámara Federal, que sostuvo que no hubo perjuicio económico contra el Estado pero sí direccionamiento de la licitación.
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La ex procuradora podría afrontar un juicio oral.

La Cámara Federal confirmó el procesamiento de la ex procuradora Alejandra Gils Carbó por la compra de un edificio de la Procuración General de la Nación.

Gils Carbó fue procesada el año pasado por el juez Julián Ercolini,y ahora la Cámara federal porteña confirmó el procesamiento, aunque impuso modificaciones a la acusación.

Según el fallo de los camaristas Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, no hubo perjuicio contra el Estado aunque sí direccionamiento de la licitación para beneficiar a un mediohermano del exsubdirector de Administración del organismo.

El delito atribuido a Alejandra Gils Carbó fue ser coautora del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, por la compra de un edificio en la calle Perón al 600, para que funcionen las oficinas de la Procuración.

Por el inmueble se pagaron 43 millones de pesos y se abonaron comisiones que rondaron los 10,7 millones de pesos. Sin embargo, los camaristas la encontraron responsable del delito de negociaciones incompatibles con la función pública.

El objetivo de la operación, según la Justicia, fue dar "apariencia de legitimidad" a un proceso administrativo, "con personas insertadas con calidad simulada, con otras interpuestas para apariencia de empresa o negociación", señaló el juez Ercolini cuando la procesó. En consecuencia, todo el proceso administrativo fue considerado como "una farsa".

Por ello, Ercolini procesó como principales responsables a la Procuradora y al subdirector Guillermo Bellingi. La Sala I de la Cámara indicó que el comportamiento responde a una práctica que choca con sus funciones públicas.

Para la Justicia, las principales autoridades de la Procuración "idearon y ejecutaron un complejo plan" orientado a "adquirir directamente para el Ministerio Público Fiscal, bajo la simulación engañosa de una licitación pública, el edificio de la calle Perón 667".

La compra del inmueble habría estado "decidida de antemano, previo acuerdo con ejecutivos de la sociedad propietaria del edificio, Arfinsa Argentina Financiera SA", cuya cara visible fue Adrián Fischer, procesado y embargado en $5 millones.

La firma que vendió el inmueble fue Arfinsa, del Grupo Bemberg, de Fischer. Esta compañía a su vez le pagó siete millones de pesos a la inmobiliaria de Bárbara Jaureguiberry, por el asesoramiento en la operación. Esta última, le abonó otro asesoramiento en la licitación al productor de seguros Juan Carlos Thill, por un total de $3.000.000.

Thill es mediohermano de Guillermo Bellingi, exsubdirector de Administración de la Procuración, quien llevó adelante el proceso licitatorio que terminó con la venta del edificio. Los camaristas entienden que existió manejo de información privilegiada y que los $3 millones en comisión terminaron en los bolsillos del exintegrante del organismo.

A todos los involucrados se les confirmó el procesamiento por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. Además para los investigadores quedó demostrado que en la Procuración se dio de baja una licitación que había sido tramitada antes de la llegada de Gils Carbó para luego adquirir un edificio acorde a sus gustos.

 En su resolución los camaristas coincidieron en señalar que Gils Carbó exigió un edificio con características "de época" y comodidades que no todos los inmuebles reunían, lo que reducía el número de oferentes. Esto favoreció a la inmobiliaria que terminó a cargo de la operación. (TN.com.ar; Clarín)


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