Piden al Gobierno que explique las razones detrás de las disminuciones en el Programa Potenciar Trabajo

El juez federal Ariel Lijo ha ordenado a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, que identifique a qué organizaciones sociales pertenecen los 85.000 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo que han sido dados de baja por no validar su identidad. 

La ministra ha sido requerida para proporcionar la documentación exigida en un plazo de 72 horas hábiles. El juez Lijo ha solicitado información detallada sobre cada uno de los beneficiarios, incluyendo las organizaciones sociales a las que pertenecían, las Unidades de Gestión en las que trabajaban, y los líderes sociales, políticos o funcionarios a los que respondían. 

La ministra Tolosa Paz ha confirmado que 12.700 de los beneficiarios pertenecían a la Unidad Piquetera, una organización que ha estado llevando a cabo protestas en todo el país. 

La orden judicial se produce después de que se descubriera que estas personas no habían validado su identidad a pesar de estar cobrando el plan desde hace varios años. Tolosa Paz tendrá que proporcionar toda la documentación requerida por el juzgado federal de Lijo.

En busca de presuntos intermediarios

El juez federal Ariel Lijo ha solicitado a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, que proporcione información sobre las organizaciones sociales a las que pertenecen los 85.000 titulares del programa Potenciar Trabajo que no validaron su identidad y fueron dados de baja.

Según Lijo y sus colaboradores, es posible que existan intermediarios que se estén quedando con las tarjetas de los beneficiarios para beneficiarse del dinero que el Estado paga por el plan social, o al menos estén obteniendo un porcentaje significativo. 

En este sentido, el juzgado está interesado en identificar a los intermediarios, dirigentes y funcionarios que podrían estar reteniendo las tarjetas de los beneficiarios y cobrando en su nombre o quedándose con algún porcentaje de los fondos estatales destinados a las personas que más lo necesitan.

El juzgado federal N°4 sostiene que solo necesitan certificar algunos casos para demostrar el delito y que, si es así, podrían estar desviando unos 2.500 millones de pesos mensuales, lo que equivale a más de 30 mil millones de pesos anuales destinados a los sectores más vulnerables. Entre los funcionarios que están siendo investigados se encuentra Emilio Pérsico, el secretario de Economía Social, que depende del programa Potenciar Trabajo. 

Pérsico y Tolosa Paz han sido denunciados por el fiscal federal Guillermo Marijuan por presuntos delitos de incumplimiento en los deberes de funcionario público, abuso de poder y malversación de caudales por no haber dado de baja a más de 250.000 titulares del programa Potenciar Trabajo por las incompatibilidades detectadas por la AFIP.

La entidad dirigida por Carlos Castagneto estableció que dentro del registro de beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, se encontraban inscritos un total de 1.382.279 individuos:

- 44.235 que recibieron ingresos mayores a dos veces el importe del salario mínimo, vital y móvil.

- 52.987 que son propietarios de más de un inmueble, automotor, etc.

- 10.477 que registran un automotor de menos de un año de antigüedad.

- 835 que pertenecen al régimen simplificado (Monotributo) categoría C o superior.

- 63.211 que registran gastos o consumos con tarjeta de crédito o débito o billetera mayor a dos veces el importe del salario mínimo, vital y móvil.

- 253.184 que presentaron declaración jurada de bienes personales.

- 8.019 que son titulares de jubilaciones, pensiones o retiros

- 209 que poseen medicina prepaga o cobertura social

- 35.398 que percibieron divisas en el mercado de cambios dentro de los seis meses de percibir la asignación.

- 39.874 que son titulares de establecimientos comerciales abiertos al público o explotación agrícola o ganadera.

- 2.870 que perciben el subsidio a pesar de encontrarse fallecidos.

Carlos Castagneto, el encargado del organismo en cuestión, ha corroborado el informe con dichos datos ante el fiscal Marijuán. Ariel Lijo es el juez encargado de la investigación de la denuncia. 

Desde el Juzgado Federal N°4 se ha aclarado que no se persigue a los beneficiarios pobres que pagan pequeñas sumas con tarjetas de crédito o que utilizan el dinero para fines personales. La investigación se centra en intermediarios, ya sean punteros políticos, funcionarios o dirigentes, que no entregan los fondos del Estado a los más necesitados. 

Las denuncias en el Ministerio de Tolosa Paz sugieren que cientos de planes del programa Potenciar Trabajo se han asignado a personas que cumplen con los requisitos, pero los intermediarios retienen las tarjetas para cobrar el beneficio, la mitad del salario mínimo, vital y móvil. 

La información que el juez Lijo ha solicitado a Tolosa Paz podría revelar nombres vinculados al Frente de Todos y no solo a los piqueteros, como sugiere el gobierno, lo que preocupa de cara a las elecciones presidenciales y a la interna del oficialismo.

Fuente: Infobae