19/06/2020

Culturas

EVASIÓN

Procesaron a Roberto Giordano por insolvencia fiscal fraudulenta y le embargan $30 millones

El famoso estilista habría pergeñado una estructura de sociedades para evitar el cobro de denudas.

El conocido peluquero Roberto Giordano fue procesado por la Justicia en el marco de una causa que llevaba seis años de investigación por la presunta “insolvencia fiscal fraudulenta” y resolvieron imponerle un embargo por $30 millones. Tampoco podrá salir del país.


Según precisaron, la medida fue dispuesta por el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°10, a cargo de Diego Amarante, quien a raíz de una denuncia realizada en 2014 por la AFIP investiga la creación de una serie de sociedades donde Giordano habría designado como autoridades a conocidos sin capacidad contributiva.

De acuerdo a la información recopilada, esas personas fueron convocadas para la formación y el funcionamiento de las sociedades cuando en realidad, quien detentaba el efectivo manejo de las mismas era el propio peluquero.

El procesamiento judicial sostiene que, posteriormente, Giordano desapoderó a los “prestanombres” de sus bienes en detrimento de sus patrimonios. Hizo esto a través de la venta de los mismos a valores nulos, bajos o transferidos a personas carentes de solvencia económica para afrontar tales adquisiciones, conjuntamente con el traspaso de su personal y bienes de uso.

Asimismo, en el marco de la causa se corroboró que el empresario habría ocultado al menos 17 bienes de su propiedad a través de tres firmas (Guildin SA, Adraltior SA, y Nilamar SA) para impedir fraudulentamente el cobro de las deudas por parte de sus acreedores; entre ellos el fisco nacional.

Las empresas no eran operativas, sino que tenían como única finalidad ser titulares de inmuebles sin ejercer actividad alguna. De esta manera, según el expediente judicial Giordano utilizaba la cadena de peluquerías para acumular deudas laborales, comerciales, pero fundamentalmente tributarias y previsionales.

La justicia determinó que así se financiaba y permitía el crecimiento de su negocio, al tiempo que su patrimonio era ocultado a través de sociedades y testaferros, impidiendo sucesivamente a la Dirección General Impositiva (DGI) el cobro de sus deudas tributarias y previsionales.



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