Una concejala y su hermana acusadas de guardar y vender donaciones destinadas a comunidades wichí

Un escándalo sacude a Tartagal: imputaron a la concejal y a la defensora oficial por el desvío de ayuda solidaria destinada a comunidades wichí. Paola Alejandra Díaz, de 43 años, y Rosa Fabiola Díaz, de 40, fueron imputadas por el fiscal Rafael Medina.

Se las investiga por la supuesta comisión del delito de administración fraudulenta de bienes o intereses ajenos, en grado de coautoras. Paola se encuentra detenida y optó por declarar, mientras que Rosa, quien fue imputada y se abstuvo de declarar, el fiscal solicitó el allanamiento de inmunidad, por tratarse de una defensora oficial.

La denuncia fue hecha por la hermana mayor de ambas, Sandra Díaz, que las acusó de vender donaciones recibidas hace un año para las comunidades wichí de la zona. Lo hizo por video a través del canal Video Tar, de Tartagal, y otros medios.

El fiscal Medina intervino de oficio días pasados una vez conocida la noticia de posibles irregularidades, acopio y venta con la ayuda solidaria. Ese mismo día, el funcionario dispuso las medidas, como una consigna permanente donde se encontraban las donaciones provenientes de distintas fundaciones e invitó a la denunciante a radicar una denuncia formal.

Finalmente, la mujer la concretó en la Comisaría 45 de Tartagal y luego amplió en la sede fiscal.

De acuerdo a la denuncia, en enero de 2020 las acusadas recibieron la donación de mercaderías perecederas, ropa, zapatillas, alcohol en gel, agua mineral y pañales, entre otras cosas, y precisó que sus hermanas habrían mantenido ocultas las donaciones todo el año y hasta ahora para venderlas a negocios de la zona.

Por su parte, la concejala manifestó que es parte de un grupo que hace beneficencia y que las cosas que se mostraron en el allanamiento “son cosas que teníamos que llevar a Santa Victoria Este, pero pasó la pandemia”. Entre llantos, aseguró que el donativo se hizo con la Fundación Noble de Santa Fe, cuyos representantes “saben que las cosas están acá documentadas” y “en ningún momento se vendió nada”. Admitió que la mercadería estaba destinada para las comunidades wichí de la zona y que lo que quedaba en la vivienda estaba pendiente de entrega.