Conmoción por la muerte de una adolescente de 13 años que cursaba un embarazo de 38 semanas

La muerte de una adolescente de 13 años, que vivía en una comunidad wichí del norte salteño y que días antes de fallecer cursaba un embarazo de 38 semanas que perdió, es investigada por la justicia salteña.

La menor de edad, que vivía en la comunidad wichí de Pacará, del departamento San Martín, llegó en los primeros días de agosto en grave estado, tras sufrir una serie de convulsiones, al hospital Juan Domingo Perón, de Tartagal, ubicado a 365 kilómetros al norte de la ciudad de Salta.

Los voceros explicaron que el 11 de agosto se inició una investigación de oficio en la Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género de Tartagal, ante la posibilidad de estar ante un caso de abuso sexual, debido a que la adolescente cursaba un embarazo de 38 semanas.

Al iniciar la investigación, los padres declararon que la adolescente convivía con su pareja, un adolescente de 16 años, desde hacía más de un año.

Las fuentes indicaron que, ante esta situación, el fiscal penal 2, Rafael José Medina –interino en la Fiscalía de Violencia-, pidió la inmediata intervención de la Asesoría de Menores, del Juzgado de Menores y del Juzgado de Violencia Familiar y de Género de Tartagal.

Mientras las medidas solicitadas por la Fiscalía de Violencia -en el marco de la investigación por la supuesta comisión del delito de abuso sexual-, se llevaban adelante, se produjo la muerte del feto por un posible un cuadro de preeclampsia, caracterizado por presión arterial alta y signos de daños en otros sistemas de órganos, principalmente el hígado y los riñones, añadieron.

Por ello, la niña fue intervenida quirúrgicamente, al tiempo que la Fiscalía de Graves Atentados contra las personas de Tartagal, a cargo del fiscal penal Gonzalo Vega, tomó intervención en el caso. Vega investiga las causas de la muerte del feto para determinar si la preeclampsia fue determinante para el desenlace o si se avanza en la hipótesis de una caída de una camilla en el hospital, como trascendió públicamente.

Ante esta situación, la Fiscalía de Graves Atentados solicitó el secuestro de la historia clínica el 11 de agosto y la medida fue autorizada por el Juzgado de Garantías interviniente. Los profesionales del hospital Juan Domingo Perón respondieron que la necesitaban mientras la menor de edad siguiera bajo tratamiento, en la sala de terapia intensiva.

Pero, la adolescente falleció el martes 17 de agosto, por lo que hoy se hacía el secuestro de la historia clínica, mientras se concretan otras diligencias tendientes a esclarecer el posible abuso sexual y las causas de muerte del feto y su madre.

Los controles durante el embarazo de la menor, y la posibilidad de acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) son algunos de los cuestionamientos que se tendrán que esclarecer en torno a este caso, indicaron los voceros.