Nación les recordó a los hospitales tucumanos que tienen que garantizar la Interrupción Legal del Embarazo

A partir de la trascendencia internacional que tomó el caso de la niña de 11 años embarazada producto de una violación, que fue sometida a una cesárea después de muchas dilaciones, desde el Gobierno Nacional se vieron en la obligación de recordar que la suspensión de la gestación en la hipótesis de violación es un derecho vigente.

A través de una circular interna que emitió el Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA) este 28 de febrero, recordaron que “Esa alternativa debe ser garantizada dado que el embarazo forzado encuadra en la causal violación, tal y como lo establece el Código Penal de 1921 y el fallo ‘FAL’ de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 2012”, expresó la Coordinación Técnica del programa.

El mensaje manifestó que la demora atenta contra la víctima y que la responsabilidad de evitarla debe ser asumida por la comunidad en general. “Los agentes del sistema de protección, incluidas las instituciones educativas y de salud, tanto dentro como fuera del Plan ENIA, tienen la responsabilidad de actuar en consonancia con el marco normativo, de escuchar la voz de la niña y de tutelar su interés superior”, agregó el documento al que accedió el diario La Gaceta. Y afirmó: “en estas situaciones, toda dilación en la respuesta institucional o actuación que no responda a los lineamientos normativos vulnera los derechos de la niña o adolescente; compromete su salud, su dignidad y su vida, y condiciona las soluciones apropiadas y seguras”.

“El Plan ENIA está comprometido con los derechos de niñas, niños y adolescentes sobre la base del orden normativo vigente en la Argentina. La cadena de responsabilidades es múltiple, y debe ser firme y clara. Sólo así podremos responder institucionalmente a la altura de las necesidades de los chicos vulnerados en sus derechos”, consignó la circular. Un anexo oficial disponible en Argentina.gob.ar informa que Tucumán y otras once provincias están en una situación crítica porque siete de cada 10 embarazos son no intencionales de niñas y adolescentes. En esta jurisdicción, el Plan ENIA funciona en la capital, Cruz Alta y Tafí Viejo.

El Estado tucumano no dispone del protocolo específico para la interrupción de embarazos producidos por delitos sexuales previsto en la sentencia “FAL” (la Corte de la Nación encomendó su elaboración a los poderes ejecutivos). Aunque la gestación había sido detectada el 31 de enero, la niña de 11 años recién formalizó el pedido de suspensión el 25 de febrero. Durante la madrugada del 27, el Sistema Provincial de Salud (Siprosa) practicó una cesárea en el Hospital del Este. (lagaceta.com.ar)