Declaraciones del imputado en caso de amenazas de bomba del Santa Rosa: negó las acusaciones de la fiscalía

Federico Paulino Ríos, el individuo acusado de ser el responsable de la amenaza de bomba dirigida al colegio Santa Rosa, permanecerá en arresto domiciliario durante 30 días. 

Esto marca la primera vez que un implicado en el delito de intimidación pública, por el cual la Unidad Fiscal de Delitos Complejos ha estado solicitando prisión preventiva y una medida cautelar civil de $3 millones en las audiencias, se encuentra bajo arresto domiciliario mientras se lleva a cabo la investigación.

El 27 de julio pasado, aproximadamente a las 9:30 a. m., la recepcionista del colegio Santa Rosa, ubicado en la calle 24 de Septiembre 581, recibió una llamada en uno de los cuatro teléfonos fijos de la institución. 

En la llamada, una voz masculina anónima expresó: "hay una amenaza de bomba en el patio del colegio" antes de cortar la comunicación. 

Como consecuencia de esta advertencia, las autoridades tuvieron que evacuar a 314 alumnas y al personal docente hacia la plaza Independencia, mientras que la División de Explosivos de los Bomberos de la Policía llevaba a cabo una inspección exhaustiva de las instalaciones.

Durante más de un mes, la Fiscalía de Delitos Complejos, bajo la coordinación de la fiscala Mariana Rivadeneira, realizó diversas investigaciones. En la audiencia celebrada ayer, la auxiliar fiscal Julieta Molé informó que la Dirección de Delitos Telemáticos había elaborado un informe que establecía que la llamada se había realizado entre las 9:30 y las 9:40 a. m. 

Con este dato en mano, se solicitó a la empresa Telecom un registro de llamadas entrantes y salientes de las cuatro líneas telefónicas del colegio para identificar las llamadas que se realizaron durante el horario de la amenaza.

Basándose en este informe y otro proporcionado por la empresa Claro, el Ministerio Público Fiscal (MPF) descubrió que dentro de ese período de tiempo, uno de los teléfonos del colegio recibió una llamada a las 9:38 a. m. bajo el nombre de Ríos, y otra a las 9:43 a. m. a nombre de E.W.

Si bien ambos individuos están bajo investigación, los factores clave que llevaron a la fiscalía a señalar a Federico Paulino Ríos como responsable de la amenaza fueron los siguientes:

1. Según un informe del Santa Rosa, Ríos es el padre de una estudiante que cursa segundo año en la sede céntrica de la institución, mientras que E.W. no tiene ningún vínculo familiar con los estudiantes.

2. Los registros de Telecom indican que la llamada realizada por Ríos duró solo dos segundos, en contraste con la llamada de E.W., que tuvo una duración de 14 segundos. La fiscalía considera que esos dos segundos podrían ser suficientes para llevar a cabo la amenaza, mientras que la comunicación de 14 segundos se asemejaría más a una "conversación".

Además, la fiscalía informó que el 5 de septiembre se llevó a cabo un allanamiento en la residencia de Ríos, donde se incautaron siete armas de fuego, incluyendo dos escopetas, un rifle, tres pistolas y un revólver, así como 145 cartuchos, seis teléfonos celulares sin tarjeta de memoria ni chip, una laptop y dos unidades de procesamiento. 

Al consultar si tenía permisos para poseer estas armas, los investigadores descubrieron que su carnet de legítimo usuario, emitido por la Anmac, había caducado el 1 de febrero de 2023, y solo tenía autorización para tener una pistola de calibre 9 mm.

A raíz de estos eventos, la fiscalía decidió acusar a Federico Paulino Ríos de intimidación pública en combinación con la posesión ilegal de armas de fuego, tanto de guerra como civiles. 

Dado que los acusados de intimidación pública podrían enfrentar penas de dos a seis años, con posibles agravantes, mientras que aquellos acusados de posesión ilegal de armas de fuego podrían recibir condenas de seis meses a dos años (en caso de armas civiles) y de dos a seis años (en caso de armas de guerra), la asistente fiscal solicitó que Ríos fuera sometido a prisión preventiva durante dos meses y que se le prohibiera disponer de sus bienes hasta por un valor de $3 millones. 

Argumentó que existía riesgo de fuga y de obstaculización de la investigación, y que aún quedaban pendientes medidas como la obtención de un informe de geolocalización, pericias UFET de los dispositivos electrónicos y testimonios adicionales.

La abogada defensora, Delfina Romano, se opuso a las medidas cautelares propuestas y en su lugar sugirió alternativas menos restrictivas, como arresto domiciliario para su cliente. 

Ríos, por su parte, solicitó la oportunidad de hablar y afirmó su inocencia, declarando que "la única vez que pude comunicarme ese día fue para averiguar sobre la amenaza de bomba. Hice una llamada y, cuando me contestaron, me informaron a través de WhatsApp que las alumnas habían sido evacuadas a la Plaza Independencia. Llevo dos días detenido; la fiscalía ha afirmado muchas cosas que no son ciertas, algo no cuadra, necesito recuperar mi libertad". 

En cuanto a las armas, señaló que al separarse de su esposa había regresado a la casa de su infancia y que no todas las armas le pertenecían, algunas eran de su padre y su abuelo.

Finalmente, el juez Matías Graña resolvió que Ríos cumpliría con arresto domiciliario durante un período de 30 días y no se aplicaría la inhibición general de bienes, a menos que se identificara un bien a su nombre para garantizar una caución.

El juez explicó: "Aunque existen elementos para investigar a Ríos, como su relación con el teléfono, creo que es necesario profundizar más en este asunto antes de dictar una medida tan restrictiva como la prisión preventiva. Considero que debemos emitir una medida de alta intensidad, que implique privación de la libertad, pero bajo la modalidad de arresto domiciliario. Es crucial determinar lo que sucedió con la segunda llamada de E.W., qué se dijo en esa llamada, obtener el informe de geolocalización y completar las demás medidas pendientes mencionadas por la asistente Molé para determinar quién realizó esa llamada".