En seis meses, el Gobierno autorizó aportes a la SAT por casi $90 millones
En principio, se había determinado que la asistencia era para obras y maquinaria, pero luego se derogó esa disposición. Una ley sancionada en diciembre y modificada en abril habilita al Ejecutivo a otorgar financiamiento a la firma
Hace 12 Hs 17 3
1
RECLAMOS PERMANENTES. El servicio de la SAT es motivo de queja de usuarios y de planteos opositores. secretaría de estado de comunicación pública
Jamás desde su creación, en más de 15 años de existencia, la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) había recibido tantos aportes no reintegrables del Gobierno provincial como en los últimos seis meses. Gracias a un sistema de excepción autorizado por ley en diciembre pasado, la empresa de participación estatal mayoritaria (Sapem) sumó casi $90 millones a sus recursos.
El monto se desprende de los decretos publicados en el Boletín Oficial de la Provincia. Se trata de siete instrumentos firmados por el gobernador, Juan Luis Manzur, y por el ministro de Economía, Eduardo Garvich, en los que se disponen las transferencias. Los montos van desde los $5 millones hasta los $35 millones. La cifra exacta de la sumatoria es de $ 89,4 millones (ver detalle en “Siete aportes del PE”).
Este sistema de asistencia financiera a la SAT fue creado poco después de la salida del primer gerente de la firma, Alfredo Benigno Calvo, quien fue reemplazado en noviembre por el actual titular, Fernando Baratelli.
El 4 de diciembre, el gobernador y el ministro de Economía elevaron un proyecto de ley que proponía la excepción al artículo 204 de la Ley de Administración Financiera (6.970). “Se prohibe a las entidades del sector público realizar aportes o transferencias a empresas y sociedades del Estado cuyo presupuesto no esté aprobado en los términos de esta normativa”, describe el texto legal. Por eso, Manzur requirió a la Legislatura que se le otorgue la facultad al Poder Ejecutivo de efectuar aportes financieros no reintegrables “por hasta el monto contemplado en las previsiones presupuestarias de cada ejercicio”. La iniciativa fue sancionada al día siguiente por el Poder Legislativo.
En principio, la norma establecía que el financiamiento estatal a la SAT estaba destinado específicamente a “obras de infraestructura y adquisición de equipamientos y maquinarias necesarias para una adecuada prestación de los servicios”. Sin embargo, esa disposición fue derogada a partir de un nuevo proyecto del gobernador, enviado el 5 de abril y sancionado 22 días más tarde por el cuerpo legislativo. De esa forma, se amplió la facultad de aplicación para esos fondos por parte de la SAT. Por pedido de la oposición, se incluyó un artículo que obliga a la empresa a informar los gastos cada tres meses.
La Sociedad Aguas del Tucumán nació en 2001, durante la gestión de Julio Miranda, pero fue constituida en diciembre de 2003, durante el primer mandato del hoy senador José Alperovich. En principio, el capital societario era de $ 12.000. En 2005, vía DNU, se autorizó el incremento del aporte societario original hasta $ 2,5 millones.
Hubo otras transferencias del Estado a la SAT en este tiempo, como un subsidio de $420.000 para la planta de tratamiento de líquidos cloacales de San Felipe (ley 8.048, de 2008) y otro aporte de $ 500.000 para una obra de agua potable en El Manantial (ley 8.466, de 2011). Pero no hay antecedentes de aportes como los permiten las normas de excepción vigentes, 9.062 y 9.097.
La recepción de fondos tiene demora, advirtió Baratelli
Los fondos no reintegrables que envía el Gobierno provincial a la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) gracias a las leyes 9.062 y 9.097 suman decenas de millones. El monto sería enorme para cualquier economía doméstica, pero en el marco de las obras de agua y cloacas, “no es tanto como parece”, detalló el titular de la empresa, Fernando Baratelli.
Según explicó a LA GACETA, esos recursos están llegando con delay (demora, en inglés) a la SAT por razones administrativas. Señaló que, desde diciembre hasta la fecha, la empresa con participación estatal mayoritaria recibió efectivamente unos $55 millones. “Además, no es que se puede gastar la plata inmediatamente después de que es acreditada. Hay que hacer los proyectos de las obras, los cotejos de precios, revisar la documentación que presentan las empresas, adjudicar... todo eso tiene una demora”, relató el ingeniero, que asumió a fines de 2017.
El objeto de los gastos varía según la época del año y las prioridades que se presentan. “Los primeros $5 millones fueron destinados a las bombas de agua, que se suelen quemar en el verano”, añadió Baratelli.
“Con el resto hemos ido avanzando con cotejos de precios para obras. Estamos con unas 12 o 13 en plena ejecución, que se centraron en desincrustaciones de redes de agua, renovaciones de tramos de agua y cambios de cañerías, que es un problema que se nos presenta en muchos lugares”, detalló el titular de la Sociedad Aguas del Tucumán.
Aseveró que en la próxima semana avanzará con otros seis cotejos de precios. “Tenemos además un proyecto de pozo de agua para San Miguel de Tucumán y otras obras para ciudades del interior provincial”, expresó.
Algunos de los puntos en los que están llevando a cabo tareas con los fondos girados por el Gobierno provincial son barrio Hipódromo y barrio Vial, además de la zona sur de la Capital.
La Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) recibió en el plazo de sesi meses casi $90 millones de aportes no reintegrables del Gobierno provincial. Jamás desde su creación, en más de 15 años de existencia, se había alcanzado esa cifra.
El monto se desprende de los decretos publicados en el Boletín Oficial de la Provincia. Se trata de siete instrumentos firmados por el gobernador, Juan Luis Manzur, y por el ministro de Economía, Eduardo Garvich, en los que se disponen las transferencias. Los montos van desde los $5 millones hasta los $35 millones. La cifra exacta de la sumatoria es de $ 89,4 millones.
Este sistema de asistencia financiera a la SAT fue creado poco después de la salida del primer gerente de la firma, Alfredo Benigno Calvo, quien fue reemplazado en noviembre por el actual titular, Fernando Baratelli.
El 4 de diciembre, el gobernador y el ministro de Economía elevaron un proyecto de ley que proponía la excepción al artículo 204 de la Ley de Administración Financiera (6.970). “Se prohibe a las entidades del sector público realizar aportes o transferencias a empresas y sociedades del Estado cuyo presupuesto no esté aprobado en los términos de esta normativa”, describe el texto legal. Por eso, Manzur requirió a la Legislatura que se le otorgue la facultad al Poder Ejecutivo de efectuar aportes financieros no reintegrables “por hasta el monto contemplado en las previsiones presupuestarias de cada ejercicio”. La iniciativa fue sancionada al día siguiente por el Poder Legislativo.
En principio, la norma establecía que el financiamiento estatal a la SAT estaba destinado específicamente a “obras de infraestructura y adquisición de equipamientos y maquinarias necesarias para una adecuada prestación de los servicios”. Sin embargo, esa disposición fue derogada a partir de un nuevo proyecto del gobernador, enviado el 5 de abril y sancionado 22 días más tarde por el cuerpo legislativo. De esa forma, se amplió la facultad de aplicación para esos fondos por parte de la SAT. Por pedido de la oposición, se incluyó un artículo que obliga a la empresa a informar los gastos cada tres meses.
La Sociedad Aguas del Tucumán nació en 2001, durante la gestión de Julio Miranda, pero fue constituida en diciembre de 2003, durante el primer mandato del hoy senador José Alperovich. En principio, el capital societario era de $ 12.000. En 2005, vía DNU, se autorizó el incremento del aporte societario original hasta $ 2,5 millones.
Hubo otras transferencias del Estado a la SAT en este tiempo, como un subsidio de $420.000 para la planta de tratamiento de líquidos cloacales de San Felipe (ley 8.048, de 2008) y otro aporte de $ 500.000 para una obra de agua potable en El Manantial (ley 8.466, de 2011). Pero no hay antecedentes de aportes como los permiten las normas de excepción vigentes, 9.062 y 9.097.
Los fondos no reintegrables que envía el Gobierno provincial a la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) gracias a las leyes 9.062 y 9.097 suman decenas de millones. El monto sería enorme para cualquier economía doméstica, pero en el marco de las obras de agua y cloacas, “no es tanto como parece”, detalló el titular de la empresa, Baratelli.
Según explicó, esos recursos están llegando con demora a la SAT por razones administrativas. Señaló que, desde diciembre hasta la fecha, la empresa con participación estatal mayoritaria recibió efectivamente unos $55 millones. “Además, no es que se puede gastar la plata inmediatamente después de que es acreditada. Hay que hacer los proyectos de las obras, los cotejos de precios, revisar la documentación que presentan las empresas, adjudicar... todo eso tiene una demora”, relató el ingeniero, que asumió a fines de 2017.
El objeto de los gastos varía según la época del año y las prioridades que se presentan. “Los primeros $5 millones fueron destinados a las bombas de agua, que se suelen quemar en el verano”, añadió Baratelli.
“Con el resto hemos ido avanzando con cotejos de precios para obras. Estamos con unas 12 o 13 en plena ejecución, que se centraron en desincrustaciones de redes de agua, renovaciones de tramos de agua y cambios de cañerías, que es un problema que se nos presenta en muchos lugares”, detalló el titular de la Sociedad Aguas del Tucumán.
Aseveró que en la próxima semana avanzará con otros seis cotejos de precios. “Tenemos además un proyecto de pozo de agua para San Miguel de Tucumán y otras obras para ciudades del interior provincial”, expresó.
