Hallaron un cadáver enterrado en un descampado y sería de un empresario secuestrado

Un cuerpo encontrado bajo tierra en un descampado alejado de la capital provincial sería de un empresario mendocino y exdespachante de aduanas que había sido secuestrado y estaba desaparecido desde fines de julio pasado.

Si bien resta la confirmación del peritaje de ADN, fuentes que investigan el caso, sumado al trabajo de la Justicia Federal, sostuvieron que el cadáver hallado corresponde a Diego Aliaga, de 51 años, quien había sido visto por última vez la mañana del 28 de julio pasado cuando se dirigía a una reunión en una de sus propiedades en Rodeo de la Cruz, en la comuna de Guaymallén, donde planeaba levantar una clínica de rehabilitación para personas con discapacidad.

En la causa, quedaron imputados su socio, Diego Barrera, de 50 años, con quien Aliaga había estado la noche anterior, y tres miembros de su familia. Todos ya se encuentran detenidos con prisión preventiva.

Un quinto sospechoso sería quien dio el dato preciso a los investigadores para poder llegar dónde estaba el cadáver.

El cuerpo fue encontrado ayer, poco antes del atardecer, en la localidad de Costa de Araujo, a más de 50 kilómetros de la ciudad de Mendoza, en un megaoperativo liderado por el fiscal federal Fernando Alcaraz.

Luego de observar movimientos de tierras y realizar excavaciones pudieron dar con el cadáver, a pocos centímetros de la superficie. El cuerpo estaba sin ropa. Solo tenía ropa interior.

"Se llegó al lugar por medio del análisis de las antenas de los teléfonos celulares", indicó el representante del Ministerio Público Fiscal horas después del hallazgo del cadáver.

El funcionario judicial prefirió no confirmar la identidad del hombre asesinado, ya que se deben realizar los peritajes genéticos y forenses correspondientes.

La causa hoy está calificada como secuestro extorsivo agravado por la participación de tres o más personas, que prevé penas de hasta 25 años de prisión, aunque las imputaciones cambiarían en las próximas horas con el agregado de "seguido de muerte", lo que significaría la pena de perpetua para los acusados en caso de ser hallados culpables.

Los cuatro acusados son Barrera, su pareja, Bibiana Sacolle, y los hijos de la mujer, Lucas y Gastón Curi, ambos menores de 30 años.

La investigación da cuentas que este último podría haber realizado la llamada al hermano de Aliaga donde se exigía un millonario rescate.

"Dejá de revolver el avispero y andá juntando el palo verde que ya te vamos a llamar", fue la intimidante comunicación que recibió Gonzalo, hermano de la víctima, lo que motivó el inicio del expediente en el fuero federal, según reveló el diario local El Sol.

Barrera y Sacolle eran socios del empresario también en un emprendimiento inclusivo y de rehabilitación que abrirían en la comuna más poblada de la provincia en una propiedad que estaba siendo refaccionada.

De hecho, las cámaras de seguridad de la zona ubican a la víctima ingresando en el lugar, donde tenía previsto reunirse con su compañero de negocios y amigo personal desde hacía años. La investigación da cuentas de movimientos millonarios y de deudas que mantenían.

Un día antes de la desaparición del empresario, Aliaga y Barrera compartieron un almuerzo y por la noche un encuentro con dos mujeres en el coqueto barrio privado Palmares, en Godoy Cruz.

Aliaga fue el último en retirarse de su vivienda junto con una de las mujeres, a quien llevó a su domicilio en Maipú. De allí fue hasta la propiedad situada en Rodeo de la Cruz para reencontrarse con su socio, que ya se encontraba en el lugar.

De hecho, también estaban allí los hijos de Sacolle, y se señala a otra persona, que sería el quinto sospechoso en la causa que finalmente aportó el dato del trágico final del empresario y también quedó imputado.

La investigación indica que la mañana del 28 de julio Aliaga fue capturado dentro de la propiedad y luego subido a un vehículo conducido por esta persona. Mientras, Barrera se dirigió a la casa de Aliaga en el barrio Palmares, pasado el mediodía, y fue filmado por las cámaras del lugar, donde desactivó el sistema de vigilancia de la propiedad, y habría tomado documentos que consideraba clave.