Nuevos derechos, los mismos desafíos: una reflexión sobre la salud y seguridad en el trabajo

Como cada 28 de abril, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) conmemora el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Y tal como fue acordado durante la última Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) en junio de 2022, los entornos de trabajo seguros y saludables se consideran como uno de los cinco principios y derechos fundamentales de todas las personas que trabajan, además de la libertad de asociación y negociación colectiva, la no discriminación y la eliminación del trabajo forzoso y el trabajo infantil.

Esta importante definición llamó la atención a muchas naciones para revisar sus legislaciones en la materia. En Argentina existe una fuerte cultura de prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo (SST), promovida tanto por organismos de Estado, como por organizaciones de empleadores y trabajadores comprometidos con el tema.

El país posee un marco regulatorio propicio, mecanismos de diálogo social tripartito e instituciones que llevan adelante la recolección y el análisis de estadísticas e investigaciones, así como la implementación de políticas en materia de SST. Los convenios 155 y 187 de la OIT, ambos ratificados por Argentina en 2014, son normas esenciales que encarnan la nueva categoría de principios y derechos fundamentales en el trabajo.

Asimismo, deben destacarse la aprobación y ejecución de la "Política Nacional de Salud y Seguridad de los Trabajadores y del Medio Ambiente de Trabajo" y de la "Estrategia Argentina de Salud y Seguridad en el Trabajo 2011 - 2015"; el incremento de la cantidad de trabajadores y trabajadoras cubiertos por el Sistema de Riesgos del Trabajo, cuyo promedio anual es de 9,6 millones; y el descenso sostenido de los índices de accidentabilidad y fallecimientos, que pasó de 223,4 cada millón de trabajadores globales cubiertos a 62,7 en 2021.

Estos logros hasta la fecha son plausibles. Sin embargo, representan un punto de partida para lograr un cumplimiento pleno de los derechos de las personas que trabajan. Por esto, sería importante fortalecer el diálogo social para implementar nuevos mecanismos que aseguren el desarrollo de entornos laborales seguros y saludables. Además, estas acciones deben contemplar una perspectiva inclusiva centrada en las personas, con atención al género y población vulnerable, promoviendo la generación del trabajo decente para lograr la justicia social.

En esta línea, Argentina daría un gran paso mediante la implementación de los comités mixtos de Seguridad, Salud, Ambiente y Prevención de Riesgos en el Trabajo, establecidos en el proyecto de ley que cuenta con dictamen positivo en la Cámara de Diputados de la Nación desde fines del año pasado.

Por otro lado, sería oportuno revisar y actualizar la política nacional de SST, aprobada en 2012, bajo el enfoque de entornos de trabajo seguros, saludables y libres de violencia y acoso, en el seno del Comité Consultivo Permanente de la Ley sobre Riesgos del Trabajo, que es el ámbito del diálogo social para esta materia.

Del mismo modo, consideramos clave que el país avance en la implementación del Plan de Acción Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo para adolescentes y jóvenes, que los representantes del gobierno, el sector empleador y los sindicatos adoptaron en 2019.

El desafío de afianzar esta agenda para generar espacios laborales seguros y saludables también requiere contemplar otros puntos transversales. Así, implica pensar en un mundo del trabajo inclusivo con equidad de género e igualdad de oportunidades; una transición justa que aborde la prevención de los riesgos laborales derivados del cambio climático; medidas y acciones para prevenir y erradicar la violencia y el acoso, así como los riesgos psicosociales asociados; y posicionar al país como líder regional e internacional en SST.

La constitución de estos derechos como fundamentales para todos los trabajadores y trabajadoras nos exige redoblar nuestros compromisos y esfuerzos conjuntos hasta alcanzar un total cumplimiento de sus fundamentos.

Desde la OIT invitamos a reflexionar en torno a este derecho fundamental. Todos y todas, gobiernos, empleadores, sindicatos y organismos internacionales, tenemos roles claves para alcanzar su cumplimiento.