09/07/2021

Sucesos

SENTENCIA

Durísima condena contra el cura Rosa Torino por tres abusos sexuales cometidos en un Instituto

El sacerdote cumplirá la pena de forma efectiva por disposición del Tribunal que lo encontró culpable de las gravísimas acusaciones.

Con la condena de doce años que ayer tres jueces dictaron contra el sacerdote Agustín Rosa Torino, el religioso se convirtió en el primer fundador de un Instituto religioso del país, preso por abuso sexual. Ayer por la tarde y luego de nueve audiencias de debate, la Sala IV del Tribunal de Juicio integrada por los jueces Maximiliano Troyano, Norma Vera y Roberto Lezcano, dictaminaron una pena efectiva de 12 años de cárcel. Luego de conocer la sentencia, y con gran concurrencia de la prensa, el sacerdote se retiró en silencio.


Desde la sala de Grandes Juicios se hizo lugar a las denuncias del exnovicio Yair Gyurkovitz y la exmonja Valeria Zarsa, y se lo condenó por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por ser ministro de culto reconocido. Y por la denuncia de Ángel Jonatan Alustiza, se lo condenó por abuso sexual simple, también agravado por ser ministro de culto.

Rosa Torino, que recalcó que "aún es sacerdote", irá al penal de Villa Las Rosas. "Los responsables deberán velar por su salud e informar cualquier situación que la comprometa", indicaron los jueces.

Rosa Torino, de 67 años, padece de diabetes e hipertensión. El tribunal además recomendó "tratamiento psicológico".

En 1986 Rosa Torino fundó el Instituto Religioso de Derecho Diocesano "Hermanos Discípulos de Jesús de San Juan Bautista", que el papa Francisco, luego de un proceso canónico por malversación de fondos, decidió cerrar en 2019. El Instituto llegó a tener sede en Chile, México y España. Según indicó Rosa Torino, llegaron a ser 500 miembros. En el Instituto se emitían votos públicos perpetuos, de pobreza y se practicaba la vida monástica.


Unas horas antes de la sentencia, los representantes del sacerdote, Humberto Oliver y Miguel Núñez Najle, comenzaron sus alegatos señalando que "todo comenzó mediáticamente, con titulares en los diarios", y reafirmaron que las denuncias son un "complot para cerrar el Instituto".

Los abogados pidieron "la absolución lisa y llana en subsidio por el beneficio de la duda y también la absolución por prescripción de los hechos denunciados por Zarsa". Los defensores además cuestionaron la calificación del "agravante por ser ministro de culto" y pidieron su inconstitucionalidad. Y por último solicitaron la "inimputabilidad". Pero todos los pedidos fueron desestimados por los jueces. La fiscal Verónica Simesen de Bielke también se opuso al pedido de inimputabilidad: "Él no lo es, lo dijo la doctora Moyano", indicó en referencia a la pericia psiquiátrica en la que se advirtió que el religioso tiene una "personalidad psicópata". Luego de la audiencia Simesen aclaró que "él sabe lo que hace, lo que se dijo es que no siente culpa".

La fiscal que representó a los denunciantes pidió 22 años de prisión. Pero antes de iniciar su alegato, le solicitó al Tribunal que tuvieran en cuenta que estos hechos "no tienen un marco del común de los abusos. Estos abusos han ocurrido en circunstancias dentro de una congregación religiosa que profesaba la fe en Dios y que para los cristianos es el principal principio". Además, pidió una sentencia con "perspectiva de género".

En más de dos horas Simesen intentó explicar cómo funcionaban los "abusos sistemáticos" y recordó la declaración de tres testigos que también aseguraron haber sufrido abusos de parte del sacerdote. Pero advirtió que también "hubo abuso de poder, de confianza y de conciencia, y el aprovechamiento de la vulnerabilidad en que se encontraban las tres víctimas", indicó y recordó el resultado de las pericias de los denunciantes.

La fiscal además hizo una recopilación de polémicos testimonios como el de la psicóloga Eleonora Naranjo o el de la "hermana María Luz", que fueron parte de los casi 50 testigos. Durante las 9 audiencias se escucharon posibles delitos que podrían formar parte de otra investigación, como "el dinero del estado que enviaban para los estudios de miembros que ya no estaban", como afirmó el cura Jotayan. En este punto, la fiscal aseveró que las posibles derivaciones de los casos conexos, se sumarían al final del proceso.



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