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Juicio por sedición policial: desentrañando las causas detrás de la inacción ante los saqueos
En la primera audiencia del histórico juicio por la sedición policial que desencadenó los saqueos de 2013, el ex jefe de Policía Jorge Racedo, quien figura como uno de los acusados, reveló detalles desconocidos sobre aquellos trágicos días.
En la segunda audiencia, que tuvo lugar ayer, el ex titular de la fuerza proporcionó claras indicaciones acerca de por qué no pudieron contener el caos que se vivió en la provincia entre el 8 y el 10 de diciembre de ese año.
Aunque su testimonio no incrimina directamente a nadie, durante el debate se mencionaron nombres y se amplió el espectro de responsabilidad. En sus declaraciones, se destacaron dos nombres que se repitieron en varias ocasiones: el del ex gobernador José Jorge Alperovich y el del entonces ministro de Seguridad, Jorge Gassenbauer. Estos son algunos de los aspectos que se esclarecieron a través de sus palabras:
1- Falta de inteligencia
Cuando se le preguntó si se llevaron a cabo labores de inteligencia para evaluar el estado de ánimo de los efectivos policiales tucumanos, el defensor Ernesto Baaclini cuestionó a Racedo. El ex jefe de Policía respondió negativamente. "Días antes del inicio de la huelga, el gobernador Alperovich me informó que la negociación salarial con la Policía se llevaría a cabo en último término", subrayó.
"Luego me inquirió sobre el estado de ánimo de los efectivos, y me dijo: 'Aquí todo está tranquilo, no molestemos a los chicos'. Posteriormente, el ministro Gassenbauer me aseguró que había hablado con los 'chicos' y que todo estaba en orden", precisó.
Ante la insistencia del defensor, Racedo señaló que una vez que los amotinados tomaron la Subjefatura, sí ordenó al personal de inteligencia que, desde lugares distantes, registrara visualmente a los rebeldes. "Este trabajo permitió su identificación por parte de la Justicia", afirmó.
2- Falta de firmeza
Racedo dejó en claro quiénes eran los representantes de la Policía que negociaban con el Poder Ejecutivo y a quienes los funcionarios llamaban "chicos". Dio a entender que Víctor Nacusse, Palavecino, Ávila y Ángel Chaile eran los líderes de los uniformados encargados de negociar mejoras salariales con el Poder Ejecutivo. "Recuerdo que Alperovich me dijo: 'Yo decidiré el aumento, dejemos de molestar a los policías'", declaró Racedo.
El ex jefe de la fuerza también recordó que en marzo de 2012, después de haber llegado a un acuerdo de aumento salarial, Ávila, Chaile y el comisario Miguel Ángel Toledo desautorizaron a los otros interlocutores y bloquearon el tráfico en la intersección de Maipú y Santiago del Estero.
"Fue un acto de insubordinación, por lo que le pedí al gobernador que fueran destituidos, lo cual finalmente sucedió con esos líderes", explicó. "No comprendo por qué Nacusse y los demás continuaron asumiendo ese papel, ya que cuando asumí, manifesté la necesidad de imponer disciplina en la fuerza. El reclamo de 2011 llevó a la destitución de mi predecesor, Hugo Sánchez", añadió.
3- Falta de claridad
"Retén" es el término utilizado para ordenar que todos los efectivos de la fuerza estén disponibles en situaciones de emergencia. En respuesta a las preguntas de la defensora Aurora Díaz Argañaraz, el acusado reconoció dos puntos cruciales: la orden se transmitió verbalmente y no por escrito, por lo que no hay constancia documental de lo que se instruyó.
Confirmó que dio esta instrucción en la madrugada del lunes a la Unidad Regional Capital y, unas horas después, a las unidades ubicadas en el interior. "Los jefes de las regionales son responsables de comunicar esta disposición. En la capital, el personal de servicio no debía abandonar su puesto, mientras que en el interior, los efectivos ya habían dejado sus lugares de trabajo", explicó.
"Cuando planteé la situación y la posible necesidad de activar un retén, Alperovich me dijo: 'Deja de molestar a los chicos con eso'", afirmó.
4- Falta de ayuda
Racedo enfatizó una vez más que el lunes a las 9 a.m. solicitó a las autoridades políticas de la provincia que pidieran asistencia a las fuerzas federales para colaborar en las labores de prevención. Destacó que el ex fiscal de Estado, Jorge Posse Ponessa, se encargaría de concretar esta idea.
"No estoy seguro de lo que ocurrió ni de las gestiones realizadas; puedo decir que menos de 100 efectivos llegaron el martes 10, cuando los efectivos ya habían llegado a un acuerdo", señaló el ex jefe de Policía.
5- Sin excusas
La defensora Julieta Jorrat subrayó durante su interrogatorio la diferencia entre las órdenes políticas que debían ser ejecutadas por los funcionarios y las operativas que debían ser impuestas por la cúpula de la fuerza. "Emití órdenes que debían ser acatadas por los jefes de las regionales. Ellos informaban a la subjefatura de Policía, a cargo de Víctor Sánchez", reiteró Racedo en varias ocasiones.
"No todos los efectivos se unieron a la huelga, pero tampoco colaboraron con los oficiales que patrullaban las calles. Muchos de ellos adoptaron una actitud pasiva, que consistía en mantenerse al margen para buscar beneficios personales", argumentó. "¿Qué medidas tomó para evitarlo?", le preguntó Jorrat.
"Esa era responsabilidad de los jefes de comisarías, luego de los jefes de zona y, por último, de los responsables de las regionales", ejemplificó. Racedo también enfatizó que sus declaraciones podrán ser respaldadas por varios testigos que deben comparecer en el juicio. Con excepción de Alperovich,
6- Sin pruebas
La mayoría de los defensores lograron lo que buscaban durante la fase de interrogatorio. "Hubo personas que tenían armas, pero no puedo identificar quiénes fueron. Nunca me las mostraron o amenazaron con ellas", admitió el ex jefe de Policía.
También reconoció que muchas de las conversaciones que mantuvo con funcionarios del Poder Ejecutivo y miembros de la alta dirección no quedaron registradas en actas o informes especiales. Una de ellas es la presunta orden que recibió del secretario de Seguridad, Paul Hofer, para que "despejara" el área de monitoreo. "En muchas ocasiones, el secretario solicitaba acciones sin que yo estuviera al tanto. Tuvimos varios desacuerdos debido a esta situación", destacó.
7- Sin final feliz
Cuando el acusado había estado respondiendo preguntas durante más de tres horas, su defensor, Arnaldo Ahumada, solicitó que se detuviera el interrogatorio debido a que se le veía visiblemente agotado, y que, si fuera necesario, se reanudaría en otro momento.
El presidente del tribunal, Fabián Fradejas, acompañado por los jueces Gustavo Romagnoli y Luis Morales Lezica, le preguntó a Racedo si podía aclarar algunas cuestiones.
El imputado aceptó y, a través de una serie de preguntas y respuestas, admitió lo siguiente
• No tomó medidas para detener la protesta cuando los alborotadores eran menos de 50 y aún no habían llegado a la zona de la Subjefatura de Policía.
• Confirmó que los revoltosos nunca lograron entrar al edificio, fracasando en su intento.
• No evaluó la cantidad de efectivos "leales" que podrían haberse utilizado para sofocar la sedición.
• No pudo explicar por qué no se recurrió a los efectivos del interior de la provincia para reforzar la presencia en la capital, dado que no tenían problemas.
• No pudo justificar por qué no desobedeció las órdenes de los funcionarios políticos, a pesar de ser el responsable operativo de la fuerza.
• No pudo explicar por qué solicitó la presencia de funcionarios judiciales para desalojar a los manifestantes de la Subjefatura.
Pero aún quedaba una pregunta más. La defensora Díaz Argañaraz solicitó autorización para hacer una última pregunta. Los jueces y el acusado aceptaron. "¿Se sintió usted acompañado por el poder político y por los hombres de la fuerza?", le preguntó.
"Nunca estuve solo", respondió, marcando así el final de la segunda audiencia de un juicio histórico que está generando nuevas líneas de investigación.
Un pedido que generó una respuesta unánime de negación y risas
Antes de que finalizara la segunda audiencia, el asistente Gerardo Arch, que representa al Ministerio Público junto a Rafael Heredia Carreño y Adrián Sollazo, pidió la palabra. "Quiero plantear una inquietud para todas las partes: ¿podríamos comenzar el debate a las 8 en lugar de a las 9?", preguntó.
Después de un breve y humorístico silencio en la sala del quinto piso, se escuchó un rotundo "nooooo" por parte de las demás partes. La situación, que también provocó risas entre los defensores, magistrados, imputados y empleados judiciales, se resolvió cuando el presidente del tribunal, Fabián Fradejas, intervino.
"Entiendo la solicitud del peticionante, pero también debo considerar a las otras partes, especialmente a los defensores. Dada la duración de este juicio, necesitan tiempo para atender otras cuestiones. Por eso decidimos mantener este horario", explicó al justificar por qué las audiencias continuarían celebrándose los martes, miércoles y jueves de 9 a 13.
Por otro lado, ayer el defensor Pablo Rivera tuvo que abandonar la sala debido a un problema de salud, y su co-defensora también se retiró sin dar aviso. El juicio pudo continuar gracias a que Julieta Jorrat se hizo cargo de asistir a Pablo Pérez. Para oficializar esta situación, el imputado tuvo que aceptarla como su representante.
La tercera jornada continuará hoy con el testimonio de Eugenio Mamaní (foto), el primer sospechoso en hablar sobre su presunta participación como uno de los líderes de la sedición. Luego, si el tiempo lo permite, declararán Franco Acuña y Eduardo Aguirre, dos imputados que siguen en activo. La jornada concluirá con el testimonio de Walter García, otro de los sindicados como líderes de la huelga policial.
La concesionaria de Alperovich: el polémico tema de un tenso interrogatorio en el juicio
Uno de los momentos más tensos del juicio por la sedición policial se vivió durante el enérgico interrogatorio realizado por la defensora oficial María Marta Contreras Cuenca (foto) al ex jefe de Policía Jorge Racedo.
Las preguntas se centraron en la supuesta información privilegiada que el ex gobernador José Jorge Alperovich podría haber tenido durante los trágicos días de diciembre.