Un polémico arresto domiciliario sacude los tribunales y a la Policía

El otorgamiento del arresto domiciliario a un procesado causó conmoción tanto en los tribunales como en la Policía. Esto sucedió después de que se produjeran cuatro fugas debido a la crisis carcelaria que afecta a la provincia. El 26 de junio, en la estación de peaje de Molle Yaco, Trancas, el personal de la Unidad Regional Norte detuvo un vehículo Mercedes Benz con dos hombres a bordo. 

Los individuos se pusieron nerviosos al intentar identificarlos, lo que llevó a los oficiales a requisarlos. Durante el registro, se encontraron pistolas nueve milímetros cargadas en posesión de ambos, lo que condujo a su aprehensión. Esta información representa el aspecto oficial del caso. 

Sin embargo, de manera extraoficial se ha conocido que los policías tucumanos estaban colaborando con investigadores de la Gendarmería Nacional. Según informes, se les había alertado sobre un automóvil con características similares al que estaba brindando apoyo a otro vehículo que transportaba una gran cantidad de cocaína. 

Aunque no se encontró droga alguna, sí se arrestó a Gonzalo Javier Zazano (29 años) y a Julio Ismael Díaz (25). Ambos fueron acusados de portar ilegalmente armas de fuego. El fiscal Carlos Picón obtuvo una orden de prisión preventiva de 58 días contra ellos. 

El abogado defensor Víctor Padilla impugnó esta resolución emitida por la jueza Isolina Apás Peréz de Nucci. Los acusados afirmaron que las armas no les pertenecían y que los oficiales las habían colocado para perjudicarlos.

Se sabe que Zazano tiene causas pendientes por delitos contra la propiedad y está siendo investigado por su supuesta conexión con el tráfico de drogas. Él y su cómplice fueron alojados en la comisaría de El Tala, que se encuentra dentro de la jurisdicción de la URN. 

Posteriormente, su defensor solicitó que fueran trasladados a otra dependencia policial más cercana, con el único propósito de facilitar la atención de sus necesidades alimentarias por parte de sus familiares. Dada la peligrosidad de los acusados, se decidió alojarlos en la comisaría de Tafí Viejo, un lugar que permitía un mayor control.

Una resolución

El 13 de julio tuvo lugar la audiencia de impugnación, donde Padilla defendió que los acusados no representaban un riesgo para entorpecer la investigación ni para escapar. Argumentó que, según el derecho constitucional, deberían seguir el proceso en libertad. Sin embargo, el representante del MPF se opuso al planteo, insistiendo en la necesidad de garantizar el correcto desarrollo del proceso.

Finalmente, el juez Carlos Caramuti aceptó parcialmente el planteo y dictaminó que Zazano debería permanecer bajo arresto domiciliario. Para esto, se le requería depositar $3 millones en una cuenta bancaria, llevar una pulsera de seguimiento y ser controlado a través de recorridas policiales.

No obstante, el pedido de libertad de Díaz fue rechazado al descubrir que estaba en libertad condicional por un caso relacionado con drogas. La controversia surgió cuando Zazano realizó el depósito del dinero y exigió ser liberado, aunque no había disponibilidad de pulseras para colocarle.

Además, los uniformados afirmaron que asignarle una custodia móvil era imposible, ya que el detenido era responsable del personal de la Unidad Regional Norte, y su domicilio se encontraba en la capital, lo que implicaría un importante desgaste de recursos humanos y materiales.

El caso volvió al Tribunal y fue la jueza María Valeria Mibelli quien tuvo que resolver la situación. A pesar de estar obligada a cumplir el fallo de una instancia superior, decidió que Zazano debía alojarse en su domicilio sin la pulsera hasta que se consiguiera una, y confirmó que la custodia móvil estaría a cargo de la Policía. En principio, el control sería realizado por personal de la seccional 5°, que no había intervenido previamente en el caso.