Transporte: Indignación en Santiago y La Banda por el aumento del precio del boleto mediante decreto

Los Municipios de las ciudades Capital y La Banda de Santiago del Estero autorizaron en la jornada mediante los decretos respectivos, fijar el valor del boleto en $ 27,00 a partir del 11 de enero del corriente año.

La noticia cayó como un baldazo de agua fría en los vecinos de ambas ciudades, ya que a pesar del subsidio recibido por parte de las empresas, el pedido de aumento viene de hace años saliendo mediante decreto, sin que sea debatido en los cuerpos de ediles.

La decisión consensuada entre ambas ciudades, las que conforman el conurbano Santiago-La Banda, está motivada en las sucesivas notas presentadas en conjunto por los transportistas del rubro, en las que exponen que la última actualización tarifaria data de marzo/2019, por lo que requieren una nueva actualización de la tarifa para evitar el colapso del servicio que prestan, sensiblemente afectado también por las medidas sanitarias que necesariamente se dispusieron para combatir el Covid 19. 

Cuestión sobre la que ambas administraciones realizaron innumerables acciones conjuntas, ya que por su proximidad, los vecinos de una y otra interactúan cotidianamente en sus actividades laborales, familiares y sociales.

Sobre el nuevo valor estipulado, si bien cuenta con los estudios técnicos necesarios para sustentar la fijación de un importe mayor, obedece la decisión compartida de los titulares de los Departamentos Ejecutivos de Capital y La Banda, a cargo de Norma Fuentes y Pablo Mirolo, respectivamente, de establecer un valor menor en aras de atender el planteo de los empresarios en resguardo de la prestación normal del servicio pero dando preponderancia a los usuarios afectando en la menor medida posible sus economías.

Cabe destacarse que en ambos decretos municipales, se especifica que ante el receso de los Honorables Concejos Deliberantes, a los que en principio les asiste la facultad de determinar el precio del servicio público, la urgencia del caso habilita recurrir a la herramienta legal de excepción como lo es el Decreto de Necesidad y Urgencia, el que se ha empleado para validar la decisión adoptada.