Qué hará el Municipio con la reducción de frecuencia del servicio de transporte

La semana pasada, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán anunció medidas sancionatorias contra las empresas de transporte que disminuyeran sus servicios en la capital.

La Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT) había comunicado su intención de reducir las frecuencias de los recorridos debido a la difícil situación económica que atraviesa el sector.

En respuesta, la intendenta Rossana Chahla desplegó inspectores para verificar la disminución de frecuencias anunciada por AETAT y advirtió que se impondrían multas que oscilarían entre 2,000 y 100,000 boletos. Tras los operativos recientes, Benjamín Nieva, secretario de Movilidad Urbana de la Municipalidad, detalló los siguientes pasos tras los controles: "Conforme a lo establecido en la ordenanza 400, ahora procederemos a notificar a cada una de las empresas que han reducido la prestación del servicio. La ordenanza 400, en su artículo 51, estipula que las sanciones pueden variar entre 2,000 y 100,000 boletos, lo que multiplicado por $230 nos da una estimación aproximada de la sanción pecuniaria. Somos muy rigurosos en el procedimiento, antes de aplicar la sanción debemos respetar el debido proceso. Debemos enviar estas notificaciones a la empresa que incumplió con la prestación en tiempo y forma, esperar el descargo y seguir con los pasos administrativos antes de aplicar la sanción".

Nieva confirmó que se constató la falta de colaboración de varias empresas, con demoras aproximadas de entre 40 minutos y una hora entre servicios, lo que hace posible la aplicación de sanciones si no hay un descargo satisfactorio.

Respecto al pedido de los empresarios de transporte de un subsidio municipal, Nieva señaló que la intendenta explicó claramente que en la situación actual es imposible otorgar un subsidio debido a la deuda heredada de la gestión anterior. Además, destacó que es responsabilidad del Gobierno nacional revertir la crisis en el transporte, ya que esta situación lleva más de una década y existe una distribución inequitativa de los subsidios por parte del Estado nacional.