20/03/2010

Tucumán

El Batallón 601 era una asociación ilícita

La Justicia determinó que quienes participaban de las tareas de ese organismo ponían en peligro la Constitución Nacional.

Una sentencia del Juez Federal Ariel Lijo, declaró que el Batallón de Inteligencia 601 era una asociación ilícita destinada a cometer delitos cuya acción contribuyó a poner en peligro la vigencia de la Constitución Nacional. Esa dependencia militar tenía integrantes militares y civiles, cuya lista de 4300 nombres trascendió hace poco tiempo y en la que se encuentran incluidas 127 personas que lo integraban en el Destacamento 142 que operaba en Tucumán.

La difusión de los nombres causó un gran revuelo ya que están incluidos dos periodistas de reconocida trayectoria en nuestra provincia como Osvaldo Francisco “Cacho” García, jefe del informativo de Canal 10 y Félix Roberto Alvarez que alcanzó notoriedad con su programa “Roberto con la gente” que se difundía por el canal de cable Aconquija Televisora Satelital (ATS).

El decreto 4/2010 de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, desclasificó la información referida a los 4.300 agentes militares y civiles que integraban el Batallón 601 de Inteligencia entre 1976 y 1983. Esa lista incluye también aquellos que eran "simples choferes o ascensoristas", como mencionó el Presidente del Archivo Nacional de la Memoria, Ramón Torres Molina, al señalar que será la justicia quien deberá determinar e individualizar la responsabilidad de cada uno de ellos.

Bajo la dictadura -y también desde tiempos previos- el Batallón 601 se especializaba en hacer inteligencia sobre todos aquellos grupos y personas consideradas subversivas, utilizando tácticas de infiltración, seguimientos, secuestros, torturas y desaparición final mediante el asesinato de los cautivos y ocultamiento o destrucción de sus cuerpos.

Diversos centros clandestinos de detención estaban directamente bajo su autoridad, el principal de ellos en Campo de Mayo, donde se estima que se hicieron desaparecer no menos de 3.000 personas. En Tucumán, a su cargo estaba el ubicado en el ex-Arsenal Miguel de Azcuénaga, donde se mantuvo cautiva y se asesinó a la mayoría de las víctimas tucumanas, ocultando sus cuerpos.

El Batallón 601 dependía de la Jefatura II de Inteligencia del Comando del Ejército, y tenía destacamentos distribuidos por todo el país. En el caso de Tucumán, se denominaba Destacamento 142 de Inteligencia. La lista de integrantes de este destacamento menciona 127 nombres, en su mayoría referidos como "agente de reunión" o "agente de seguridad", y otros que figuran como "radioperador", "dactilógrafo", "programador SCD", "analista SCD", etc. En varios casos se ha establecido que algunos agentes también formaron parte de otros organismos de inteligencia, como SIDE, o de los dependientes de la Armada o la Fuerza Aérea, muchas veces utilizando seudónimos.

El 601 participó también mediante asesoramiento u operaciones directas en otras partes del Continente, en particular enseñando sus métodos a los "contras" nicaragüenses, que apoyados por la CIA norteamericana combatían al sandinismo, y a grupos paramilitares en Honduras, El Salvador y Guatemala, donde se aplicaron sistemas represivos similares basados en el secuestro y desaparición de personas.

Las investigaciones de la Justicia sobre el verdadero papel de los miembros de esa organización, llevaron a que en la primera sentencia luego de la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final, en 2007, fueron condenados a severas penas de cárcel -superiores a 20 años-  varios integrantes -civiles y militares- del 601

El juez federal de la causa, Ariel Lijo, señaló en los fundamentos del fallo que cada uno de los acusados era "integrante de una asociación ilícita destinada a cometer delitos cuya acción contribuyó a poner en peligro la vigencia de la Constitución Nacional". En su sentencia el juez consideró que el Batallón 601 fue un engranaje de relevancia para el accionar de la dictadura y la concreción de crímenes de lesa humanidad. Todos los acusados fueron hallados culpables de los delitos de privación ilegal de la libertad, apremios ilegales y reducción a la servidumbre.

Dice parte de la sentencia que consta de 269 fojas que las constancias reunidas, “la realidad y contexto histórico en los cuáles se sucedieron los hechos tratados en este juicio, dan cuenta del desarrollo entre los años 1976/1983 de un plan de estado sistemático, elaborado fuera de todo marco legal establecido por las normas constitucionales vigentes, llevado a cabo por las fuerzas militares, con la colaboración de fuerzas de seguridad y civiles”.

Ese plan se ha materializado a través de la toma e irrupción del poder de estado por parte de la fuerza militar a los efectos de dar comienzo al denominado "Proceso de Reorganización Nacional".

También se encuentra acreditado que entre los principales objetivos se encontraba la implementación de todo tipo de procedimientos para la denominada "lucha contra el terrorismo" o "lucha contra la subversión", estipulando como fin el aniquilamiento y/o eliminación de todas aquellas personas vinculadas con objetivos caracterizados, o que poseían la entidad designada por el aparato estatal militar como actividades subversivas.

Se ha visto la caracterización que se ha formulado acerca del Batallón de Inteligencia 601 durante el período en cuestión. La mayor parte de sus integrantes conformaban en realidad una verdadera asociación ilícita encargada de avasallar la Constitución Nacional.

La desclasificación en tiempos recientes de documentos del Departamento de Estado norteamericano, agregó más conocimiento sobre el verdadero rol del Batallón 601. En 1980 los funcionarios de la Embajada de Estados Unidos informaban sobre secuestros efectuados por esa unidad de inteligencia, que mantenía cautivos en "la prisión secreta de Campo de Mayo". También que nuevos secuestrados "serán interrogados y (tomar nota) desaparecidos permanentemente". Tal era la importancia que los norteamericanos asignaban al batallón de inteligencia que llegaron a considerar que la junta militar era "prisionera" de las decisiones del 601, y que el gobierno "ha sido avergonzado e importunado" por el trabajo sucio de esa unidad, remarcando que "la desaparición es trabajo del 601".

Texto de la Sentencia del Juez Lijo
 



Recomienda esta nota: