11/06/2010

Tucumán

Rechazan pago de Yedlin a otra fundación

Se detectaron irregularidades en un libramiento por $195.000, y el Tribunal de Cuentas sancionó a un funcionario del Ministerio de Salud.

El Tribunal de Cuentas encontró irregularidades administrativas en un pago de $ 195.000 a la Fundación del Hospital Garrahan autorizado por el Ministro de Salud provincial, Pablo Yedlin. El ente canceló el libramiento y sancionó al director de Recursos Humanos del SIPROSA, Daniel Alvarez Garmendia, por las anomalías.

 
Tras una comprobación sumaria que comenzó en febrero, el ente de control cuestionó (Acuerdo Nº 1.140) un trámite que autorizaba un pago por $ 195.000 a la Fundación del Hospital Garrahan. Esta entidad tuvo a su cargo el dictado de los cursos "Capacitación para la nivelación de empíricos, auxiliares, esterilización y tecnología médica" (a un costo de $ 120.000) y "Posgrado de actualización en gestión, nutrición clínica y nutrición pública" ($ 75.000), en 2009.
 
La nueva sanción le llega a Yedlin dos semanas después de la reprimenda, equivalente a cinco sueldos, que le aplicó el tribunal por librar el pago de $ 800.000 a la Fundación Salud (Funsal), que jurídicamente no existía al momento de iniciado los cursos que el Siprosa le atribuyó. Tanto la resolución del pago a Funsal (406/09) como la correspondiente a la Fundación Garrahan (405/09) fueron firmadas por el ministro el mismo día (29 de diciembre de 2009). Ambos casos, además, presentan similitudes en cuanto a las irregularidades, según el TC. "Adviértase que, a tenor de lo dilucidado en Acuerdo Nº 990, se trata de la reiteración de una conducta administrativa por parte de la misma área del SIPROSA en este tipo de contrataciones", resumieron los vocales Miguel Terraf, Sergio Díaz Ricci y Marcelo Vidal, en alusión a las coincidencias entre los casos.
 
El Tribunal de Cuentas concluyó que el SIPROSA omitió procedimiento debido de contratación, y responsabilizó por las  anomalías al director de Recursos Humanos, Daniel Alvarez Garmendia, a quien se le formuló un "llamado de atención" (también fue multado con cinco sueldos por el caso Funsal). "Ha admitido haber tomado la decisión sobre la conveniencia de contratar con la fundación en cuestión, pero no existe acto administrativo previo que lo autorice a contratar en tal sentido", se sostuvo en la acordada. 
 
El TC fue severo al advertir que el SIPROSA ni siquiera efectuó un análisis previo del precio y del costo del servicio. Incluso expuso que el convenio marco de cooperación firmado en 2004 entre el organismo y el Ministerio de Salud de la Nación (prevé la capacitación por parte de la Fundación Garrahan) expiró en julio de 2008. "La conducta administrativa seguida por el funcionario (en alusión a Alvarez Garmendia) resulta jurídicamente reprochable. No se dictó acto por el que se autorizara o contratara la realización de los cursos, ni tampoco se suscribió convenio alguno previo a su inicio", concluyó el ente de control. (La Gaceta)


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