23/08/2010

Tucumán

La orden de aniquilar el accionar guerrillero no implicaba matar

Así lo entendió la Justicia Federal al dar a conocer los fundamentos del fallo que condenó a los represores de la Jefatura de Policía.

 

Los miembros del Tribunal Oral en lo Criminal Federal aseguraron este lunes que los militares no habían recibido en 1975 la orden de aniquilar físicamente a las organizaciones guerrilleras que actuaban en Tucumán, sino sólo la de neutralizarlas legalmente.

Durante la lectura de los fundamentos de la sentencia dictada en el segundo juicio por violaciones a los derechos humanos celebrado en Tucumán, los miembros del Tribunal Oral en lo Criminal Federal aludieron al decreto 261, emitido por la entonces presidenta Estela Martínez de Perón el 5 de febrero de 1975.

Tras aclarar que, según el decreto, el Ejército debía proceder a "ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actuaran en Tucumán”, los magistrados precisaron cuál significado tiene el verbo "aniquilar” en el "lenguaje militar y cuál fue el sentido con el que fue empleado en la norma emanada de un gobierno constitucional”.

Los jueces Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Josefina Curi aclararon que, "en la jerga castrense, ‘aniquilar' refiere a dejar al enemigo inerme, sin armas, detenido”, lo que, "en modo alguno, implica matarlo”.

Los magistrados insistieron: "resulta razonable entender que el decreto 261/75, al decir ‘aniquilar el accionar de los elementos subversivos', no alude a la eliminación física del enemigo, sino a la anulación de su accionar, con lo que coincide la versión dada en su testimonio por el ex ministro (de Martínez de Perón) Antonio Cafiero”.

Los jueces recordaron además que "el Ejército dictó el 28 de Octubre de 1975 la Directiva secreta del Comandante General del Ejército, que constituye una norma secreta de las Fuerzas Armadas que, en tanto que tal, resulta absolutamente ilegítima”.

"Dicha directiva secreta establecía que es misión de las Fuerzas Armadas ‘operar ofensivamente contra la subversión en al ámbito de su jurisdicción y fuera de ella, para detectar y aniquilar las  organizaciones subversivas a fin de preservar el orden y la seguridad de los bienes, de las personas y del Estado'”, expresaron Jiménez Montilla, Casas y Curi.

Los camaristas concluyeron: "se ha verificado un cambio significativo en los términos empleados: ya no se trata de ‘aniquilar el accionar de los elementos subversivos', como lo establecía el decreto 261/75, sino aniquilar las organizaciones subversivas y, con ello, en el documento castrense de carácter secreto puede advertirse una aproximación a la idea de eliminación física del enemigo”.

Los jueces leyeron los fundamentos de la sentencia, en virtud de la cual fueron condenados a prisión perpetua los ex represores Luciano Benjamín Menéndez (ex titular del Tercer Cuerpo de Ejército) y el ex policía Roberto "El tuerto” Albornoz por haber cometido delitos de lesa humanidad en perjuicio de 22 personas.



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