06/03/2011

Tucumán

Derecho

Análisis de la nueva ley provincial de tratamiento preferencial para personas con discapacidad

Escribe: Dr. Juan Manuel Posse.

En abril del año 2.010 fue sancionada en nuestra provincia la Ley Nº 8.276. Por la misma se dispone que en todas las áreas destinadas a la atención pública, dependientes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Provincia, y en todas las Empresas Privadas que presten un Servicio Público, será obligatorio otorgar prioridad y preferente atención a las mujeres embarazadas, personas con discapacidad, enfermos oncológicos y personas mayores de setenta (70) años. Establece la ley que para la acreditación de la discapacidad, los beneficiarios de esta Ley deberán presentar copia autenticada del Certificado Nacional de Discapacidad. En toda oficina situada en los lugares de atención antes mencionados deberán exhibirse en lugares visibles carteles con la leyenda: "Atención Preferencial a Mujeres Embarazadas, Personas con Discapacidad, Enfermos Oncológicos y Personas Mayores de setenta (70) años", conforme establece la ley en su art. 3°. Es de destacar también que tales lugares de atención al público deberán equiparse con una silla de ruedas, cartillas de instrucción en el sistema Braille, cartelería visual, asientos especiales con abrazaderas rebatibles y cualquier otro elemento que coadyuve en el cumplimiento de los fines establecidos en la ley. (art. 5)

Quizás puedan hacerse observaciones tales comoel hecho de no contemplar a los supuestos de mujeres que carguen bebes en brazos; o que el certificado de discapacidad pudiera suplirse por la presentación de alguna credencial expedida por la Junta de Evaluación de la Discapacidad. Pero más allá de ello,  sostengo que hubiera sido importante establecerse algunos tipos de sanciones para los casos de incumplimientos. En este orden de ideas es importante destacar los alcances que sobre la materia rige en la legislación peruana a través de la promulgación, en el año 2.006, de la ley 28.683.  Aquella norma dispone en su art. 3 un régimen de sanción con multa por incumplimiento a la Ley, la cual no excederá el 30% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), y se aplica atendiendo a la magnitud de la infracción y con criterio de gradualidad. El dinero recaudado por este concepto se destina a financiar programas de promoción, educación y difusión de la mencionada ley. A su vez, en su art. 4 detalla cuáles serán consideradas infracciones a la ley a saber: no brindar atención preferente a las mujeres embarazadas, niñas, niños, personas adultas mayores y con discapacidad, en los lugares de atención al público; omitir consignar en lugar visible, de fácil acceso y con caracteres legibles el texto de la lay; no emitir directivas para el adecuado cumplimiento de la ley  y/u omitir publicarlas en su portal electrónico; no adecuar su infraestructura arquitectónica cuando corresponda; no implementar un mecanismo de presentación de quejas contra funcionarios públicos, servidores o empleados, que incumplan su obligación de otorgar atención preferente; no llevar un registro de control de las sanciones que se impongan; no exonerar de turnos o cualquier otro mecanismo de espera a los beneficiarios de la ley, y otras más que establezca la reglamentación. Sin dudas hubiera sido necesario, seguir estos lineamientos en la que respecta a nuestra ley provincial, estableciendo distintos tipos de sanciones a las infracciones a la ley. Ello sin embargo puede ser corregido mediante una modificación al texto  normativo por parte de nuestra legislatura provincial.

A un año de haber entrado en vigencia la ley, podemos observar que no en todos los lugares alcanzados por la misma se cumple con el deber de colocar carteles conforme ordena en su art. 2,  o el equipamiento en la forma y con los materiales dispuestos en el art. 5. Menos hablar de la capacitación de los distintos agentes que deben bregar por la correcta aplicación de la norma. Pero es  importante poder rescatar que, con la sanción de la ley, a las personas con discapacidad se les reconoce formalmente un derecho a un tratamiento prioritario y con carácter preferencial  por parte de quienes atienden al público en los lugares mencionados. Ya no es solo una facultad librada a la discrecionalidad del empleado o funcionario público, sino ante todo un deber jurídico, y como tal exigible por el interesado. En la medida que nuestra sociedad comience a tomar una mayor conciencia sobre los alcances de los derechos de las personas con discapacidad,  y a su vez, en tanto mayor sea la demanda de estas personas en torno a exigir el cumplimiento de sus derechos, vamos a poder decir que el resultado de la norma creada a sido conducente a los fines de favorecer la inclusión social, y no solo una proclama más, de las tantas que a diario se pueden observar, que no trasuntan el plano de la realidad, reduciéndose a textos que terminan empolvados en el olvido de algún archivo público.

Dr. Juan Manuel Posse

 

Facebook: Discapacidad Dignidad Tucumán

Mail: [email protected]

 

 

 

 



Recomienda esta nota: