18/06/2011

Tucumán

La Justicia Federal ya puede investigar a Mario Criado por contaminar

Confirmaron la competencia. Está acusado de arrojar residuos de Pacará Pintado al río Salí. Además, está vinculado con delitos de la dictadura.

La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán confirmó la competencia de la Justicia Federal para investigar a Mario Delfor Criado, gerente de la empresa Servicios y Construcciones La Banda SRL, encargada del tratamiento residual en Pacará Pintado, quien está acusado de contaminar el río Salí con desechos del predio que explotaba, publica el diario El Siglo.
 
Criado, procesado en 2010 por el juez federal Mario Racedo, recibió el duro revés de manos de los camaristas Graciela Fernández Vecino, Raúl Mender y Ernesto Wayar, quienes lo consideraron presunto responsable de contaminar aguas que desembocan el dique de Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero, por lo que se advierte “un efectivo daño ambiente interjurisdiccional”. Votaron en contra Marina Cossio de Mercau y Ricardo Sanjuán.
 
De esta manera, la Cámara de Apelaciones deberá resolver sobre otro recurso de apelación presentado por la defensa de Criado -investigado también por ser cómplice de los crímenes de la última dictadura militar-, en este caso, sobre su procesamiento. De confirmarse este paso, el empresario podría ser sometido a juicio oral.
 
La causa contra Criado se inició en 2007, a partir de una investigación de Gendarmería Nacional, que alertó que en Pacará Pintado se habrían violado las disposiciones de la Ley de Residuos Peligrosos. En consecuencia, se ordenaron una serie de allanamientos en el predio entre los que se encontraron los estudios realizados por expertos de la Universidad Nacional de Tucumán, quienes confirmaron que se contaminó mediante lixiviados generados por los residuos sólidos que se filtraron hacia las napas freáticas de la planta y finalmente llegaron a contaminar las aguas del río Salí. 
 
En su defensa, Criado planteó que la basura domiciliaria arrojada en el predio de Pacará Pintado no está dentro de los alcances de la Ley de Residuos Peligrosos, invocada por Racedo cuando decidió procesarlo. Por este motivo, su defensa planteó la falta de elementos para considerar que se trata de un caso que afecta intereses interjurisdiccionales.
 
 


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