30/12/2011

Tucumán

“El poder del Estado no puede terminar en dictadura fiscal”

Mediante una declaración pública, el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas se pronunció en contra de la sanción de la Ley que reforma el Código Tributario de la Provincia.

La sanción de la Ley que reforma el Código Tributario de la Provincia ha generado una fuerte preocupación en los contribuyentes que se ven nuevamente atacados por legislaciones que conculcan sus derechos llegando, inclusive, a ignorar al Poder Judicial, advirtió en una declaración pública el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas.

 
A continuación, el escrito emitido por la entidad:
 
Reconocemos plenamente y promovemos la facultad que tiene el Estado para cobrar sus tributos, pero en un estado de derecho, se deben respetar a ultranza los medios legales constitucionales porque, de lo contrario, el avance del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo y Judicial es tan grave que se transforma en un modo de dictadura. 

En primer lugar y respetando la facultad del Poder Ejecutivo de fijar la política tributaria de la Provincia, opinamos que en una reforma tan sustancial se debería haber consultado la opinión de instituciones que mucho tienen para aportar en esta materia tales como el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas y el Colegio de Abogados entre otras que seguramente hubieran observado las violaciones e imperfecciones de la ley.

Entre las graves fallas que atentan contra la Constitución y los Pactos internacionales de raigambre Constitucional, se encuentra el artículo que “obliga” a los jueces a otorgar las medidas cautelares a solicitud de la Dirección General de Rentas. 

En una verdadera democracia los jueces deben proteger a los ciudadanos. El Poder Judicial debe constituirse en la última defensa de la sociedad cuando el Estado trata de avasallar sus derechos.

Que la nuestra Legislatura haya sancionado esta Ley que contiene aberraciones jurídicas, no quiere decir que se ajuste a derecho por el solo trámite de tener el voto favorable de los legisladores. 

Sabido es, y así lo enseña nuestra historia jurídica, que existen leyes sancionadas por el Poder Legislativo y que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales.

El problema fundamental, que parece no haber sido advertido por los promotores de la reforma y los legisladores, es que el sistema procesal y jurídico vigente en la Provincia no garantiza mínimamente los derechos de los contribuyentes. 

La Ley le otorga en forma discrecional “superpoderes” al fisco que tendrán como consecuencia inevitable verdaderos abusos que colocarán a los ciudadanos en un estado de indefensión aún mayor del que ya sufría con el discrecional proceder de la Dirección General de Rentas. 

No podemos omitir la consideración del avasallamiento del instituto de la Prescripción que en varios párrafos de la reforma se desnaturaliza totalmente hasta tornarla inexistente,  vulnerando la legislación de fondo (Código Civil) y declarada inconstitucional en forma reiterada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Igual tratamiento mereció la posibilidad de vulnerar el derecho de “habeas data”, de protección constitucional.

No debemos olvidar que el organismo fiscal resulta juez y parte en los distintos procedimientos (determinación de deuda y aplicación de multas) sin otorgarle al contribuyente la posibilidad de recurrir al Tribunal Fiscal Provincial, organismo todavía inexistente en Tucumán a pesar de la ley de creación oportunamente sancionada.

Son notables las prerrogativas del Fisco en su función. Por ejemplo en materia de plazos que se otorgan al contribuyente para formular descargos, ofrecer pruebas, cumplir con diversos aspectos formales de la obligación tributaria, la pléyade de presunciones a favor del fisco, las facultades discrecionales, las decisiones sobre la producción de pruebas en el procedimiento administrativo y la inversión de la carga de la prueba, y la existencia del solve et repete, entre otras. 

La relación jurídico tributaria deviene de la legalidad y no de una relación de poder, y ante lo expuesto la igualdad en la relación fisco contribuyente queda totalmente desdibujada. 

El CGCET promueve todo tipo de medidas que tiendan a reducir la evasión impositiva así como la formalización de la economía pero siempre respetando los métodos que se enmarquen dentro de los límites que fija la Constitución.

Nuestro Código Tributario necesita imperiosamente cambios en su redacción que tiendan a recibir las opiniones doctrinarias y la jurisprudencia emanada de los más altos tribunales en torno al resguardo propicio del derecho de defensa del contribuyente.

En nuestro país la reforma de la Constitución Nacional de 1.994 incorporó principios y derechos humanos básicos de reconocimiento en Tratados Internacionales y pronunciamientos de la Corte Suprema aplican tales derechos.

Así, por ejemplo, se establece la necesaria existencia de doble instancia plena, se exige que los roles de acusación y juzgamiento sean asumidos por órganos autónomos entre sí, se resguarda la garantía de juez imparcial y se señala que los jueces administrativos son incompetentes para aplicar penas, aún cuando se trate de ilícitos penales.

En resumen, el Código Tributario de la Provincia condena a los contribuyentes a una imposibilidad jurídica y económica de defenderse, avasallando garantías constitucionales expresas.

Urge su revisión recordando que el monopolio de la fuerza que se delegó en el Estado tiene como finalidad defender el derecho a la vida, la libertad y la propiedad de las personas, no para que sea usado para transformar la democracia en una dictadura fiscal.
 
 
 



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