21/09/2013

Tucumán

Amenazan a familiares de Chocobar en un nuevo ataque al Pueblo de Chuschagasta

Desde la Comunidad denuncian que parientes de Darío Amín, acusado por el asesinato de Javier Chocobar, ingresaron por la fuerza al Territorio del Pueblo el pasado 14 de septiembre.

 Según informa APA! el pasado sábado 14 de septiembre, alrededor del medio día, “los Amín cometieron una nueva intromisión en el Territorio del Pueblo Chuschagasta Nación Diaguita”, advirtieron desde la Comunidad.

 

María Sofía Herrera, madre de Darío Amín -acusado por el asesinato de Javier Chocobar-, junto a tres personas más, ingresaron por la fuerza a la casa de la familia Chocobar donde reside Ismael Chocobar comunero del Pueblo Chuschagasta y sobrino de Javier.

 
Luego de ingresar a la casa, “María Sofía Herrera insultó y amenazó a Ismael Chocobar diciéndole que no siga construyendo y que ella misma se iba a encargar de derribar todas las casas que están en pie en la comunidad”, agregaron los comuneros.
 
Además insinuó que tendrían serios problemas con la justicia ya que ella posee títulos de propiedad y sugirió que los Chuschagastas no lograrán resoluciones favorables en la causa ‘Chocobar’ ya que ella tiene contactos con la Justicia tucumana y el gobierno Provincial. Mientras tanto, sus acompañantes tomaban fotos del lugar del propio comunero y de su cónyuge.
 
“Una vez más, junto a estos hechos de violencia aparece la complicidad de las fuerzas policiales, ya que tanto la comisaría de La Higuera como la de Choromoros se negaron a tomar la denuncia”, detallaron.
 
Frente a estos actos, Chocobar solicitó los nombres de los oficiales de Choromoros, quienes ante la insistencia del comunero finalmente tomaron la denuncia.
Este conflicto data de varios años. Darío Amin intentó usurpar la casa paterna de Ismael Chocobar en noviembre 2007, instalando una prefabricada en un cerco de la familia Chocobar, donde dejó un casero que meses más tarde amenazó con armas de fuego a Néstor Chocobar, Walter Chocobar y Néstor Chocobar (hijo).
 
Existen denuncias realizadas por parte de la familia Chocobar tanto de la instalación de la prefabricada como de las amenazas de muerte que se repitieron a lo largo de los años siguientes.
 
Darío Amin también intentó explotar la cantera de lajas que está en territorio Chuschagasta, con amenazas recurrentes a toda la comunidad. Este fue el hecho que desencadenó finalmente en el asesinato de Javier Chocobar el 12 de octubre de 2010.
 
Cabe recordar que Javier Chocobar fue ejecutado a quemarropa, por defender su territorio comunitario ancestral. Los acusados por el hecho son Humberto Gómez y José Valdivieso, “sicarios del terrateniente usurpador Darío Amín, vinculados a Antonio Bussi y al Malevo Ferreyra, ex funcionarios de la última dictadura cívico-militar”, indicaron desde la Comunidad. Los tres están libres y aún la justicia no ha determinado de la fecha para el juicio oral en su contra.
 
En el mismo hecho resultaron heridos de gravedad los comuneros Emilio Mamani y Andrés Mamani, quien estuvo 6 meses internado y aún sufre las secuelas físicas del ataque. Además de los heridos, se puso en riesgo la vida de todos los presentes, quienes pacíficamente se encontraban realizando las tareas comunitarias.
 
“A cuatro años del asesinato Javier Chocobar la Justicia tucumana hace oídos sordos al pedido de justicia del Pueblo Chuschagasta de la Nación Diaguita en clara violación a la Constitución Nacional y tratados internacionales firmados por el Estado Argentino. La Justicia, de esta manera, es un claro cómplice de los terratenientes vinculados a las familias oligárquicas de la provincia de Tucumán que se mueven de manera mafiosa, amparados por jueces corruptos, fuerzas policiales y funcionarios del gobierno provincial”, plantearon desde la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita (UPND).
 
En este sentido, desde la UPND exigen “Juicio y Cárcel para los asesinos de Javier Chocobar”, el cumplimiento de los Derechos Indígenas y la democratización de la Justicia para “terminar con este estado de impunidad dentro de la sociedad tucumana y en particular acabar con la inseguridad territorial y violación de los derechos humanos y colectivos que vivimos los Pueblos Originarios”.
 



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