12/12/2013

Tucumán

Doce años de prisión a Menéndez por el robo de las tierras de Capitán Cáceres

El Tribunal Oral Federal lo consideró penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad en dos oportunidades en perjuicio de Jorge Ricardo Ygel y Julia Rita Ariza. Condena al Estado.

El represor Luciano Benjamín Menéndez fue condenado este jueves a 12 años de prisión en las condiciones en las que se encuentra, en la causa de delitos de lesa humanidad "Toledo de Ygel", durante el denominado el Operativo Independencia en Tucumán.

 

Los magistrados del Tribunal Oral Federal de la provincia, Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga, fallaron en contra de Menéndez, entonces comandante del Tercer Cuerpo del Ejército, al considerarlo penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad en dos oportunidades en perjuicio de Jorge Ricardo Ygel y Julia Rita Ariza.

 

Los magistrados calificaron el accionar de Menéndez como delitos de lesa humanidad y ordenaron la detención del imputado en las condiciones que actualmente se encuentra. También se hizo lugar parcialmente a la acción civil de daños y perjuicios interpuesta por María Elena Toledo de Ygel y condenó al gobierno nacional al pago de 18.698.130 pesos.

 

Esa suma incluye el valor del inmueble que le fue quitado, daño emergente, lucro cesante y daño moral, y se agregarán los intereses conforme a la tasa pasiva del Banco de la Nación Argentina desde el momento del hecho hasta el efectivo pago. En cambio, la resolución no hizo lugar a la acción civil iniciada por la actora contra el estado provincial.

 

La resolución se conoció el jueves por la tarde y la causa fue iniciada por la familia Toledo Ygel, que fue amenazada de muerte en 1977 para donar tierras en la localidad de Yacuchina. Sobre esos terrenos se levantó Capitán Cáceres (Monteros), uno de los cuatro pueblos fundados en el sur tucumano durante el terrorismo de Estado.

 

Durante el juicio, María Elena Toledo viuda de Ygel, actor civil y querellante en la causa, recordó que el 18 de noviembre de 1977 irrumpieron varias personas del Ejército y se llevaron a su marido. Los uniformados pensaban que él era dueño de las tierras de Yacuchina, en Monteros, distante 70 kilómetros al sur de la capital provincial. "El les manifestó que esa propiedad era de mi madre y lo soltaron por la madrugada, luego de golpearlo", señaló la mujer durante su declaración.

 

Recordó que la madre tenía la firme intención de dejarle las tierras como herencia y no quería cederlas a los militares, pero su esposo le dijo que los iban a matar si no lo hacía. Una semana después la mujer, dueña de las tierras, fue trasladada a Casa de Gobierno y la sentaron en una oficina donde se encontraba sobre el escritorio unos papeles y una pistola.

 

"Ella me contó que lloraba mucho y que llegó (el entonces gobernador Antonio Domingo) Bussi, quien le dijo que tenía que firmar esos papeles porque el pueblo (Capitán Cáceres) ya estaba terminado", explicó. Y agregó: "Le advirtió que si se negaba iban a matar a todos los integrantes de la familia y por eso ella firmó finalmente".

 

Antes de darse a conocer el fallo, Menéndez hizo uso de la palabra y sostuvo que "jamás me metí con el gobierno y menos con la justicia que se aplicaba en cada provincia", delegando responsabilidades a Antonio Domingo Bussi, entonces gobernador de facto de Tucumán. Recordó que "me desenvolví cuatro años como comandante de Brigada y cinco como comandante de Cuerpo" y sostuvo que "me resulta extraño que se me se involucre en la compra de estos terrenos". "Eso se habrá hecho por el camino del canal del gobierno, sin ninguna intervención mía", afirmó.

 

El represor dijo que fue "muy respetuoso" con el canal militar por donde recibían las órdenes y recalcó que "nunca me metí ni por curiosidad a investigar el canal del Gobierno”. "Siempre recibí órdenes del canal del militar que encabezaba el comandante (Jorge Rafael) Videla y era el Gobierno el que hacía las obras que se juzgaba pertinentes", expresó. Menéndez indicó que "de ninguna manera yo interfería en las obras del Gobierno, por eso me sorprendo desagradablemente al verme  envuelto en un juicio en el que no tengo arte ni parte".

 

Los hechos investigados sucedieron en el marco del denominado "Operativo Independencia" por el cual se fundó el pueblo de Capitán Cáceres, junto a otras tres pequeñas localidades en el interior provincial.  



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