06/11/2015

Tucumán

Confirman el procesamiento federal contra La Chancha y El Mono Ale

La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán los investiga por comandar una supuesta asociación ilícita con presuntos fines delictivos parecería estar más firme que nunca.

La posibilidad de que Rubén “La Chancha” Ale y Ángel “El Mono” Ale sean juzgados por la Justicia Federal por comandar una supuesta asociación ilícita con presuntos fines delictivos parecería estar más firme que nunca. La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán confirmó el procesamiento que pesa contra ambos imputados.

 

En abril pasado, esa misma Cámara había fallado a favor del denominado “Clan Ale” cuando un tribunal integrado por los camaristas María Josefina Cossio, Graciela Fernández Vecino y Ernesto Clemente Wayar resolvió quitar la figura legal de asociación ilícita de la imputación que pesaba en contra de “La Chancha” Ale. 

 

Esta determinación, según explicaron los jueces en esa ocasión, respondía a que en la acusación presentada por la Unidad de Información Financiera (UIF) ante el Juzgado Federal N° 2, a cargo de Fernando Poviña, se les estaba imputando dos veces un mismo delito a “La Chancha” Ale, a María Jesús Rivero, a Oscar Roberto Dilascio (prófugo), a Fabián Antonio González y a Víctor Alberto Suárez (supuesto testaferro de Rubén Ale) y que fue detenido en marzo en Río Negro por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

 

Esa resolución fue apelada por la UIF que, además, recusó a la presidenta del tribunal, María Cossio, al considerar que tenía relación con las partes que estaban involucradas en este proceso judicial.

 

Esta recusación fue aceptada por la Cámara que, luego de apartar a Cossio de la causa, falló confirmando el procesamiento en contra de los dos supuestos cabecillas del “Clan Ale” y de los seis presuntos cómplices de los imputados. 

 

El tribunal que arribó a esta resolución estuvo integrado por los camaristas Wayar, Guillermo Molinari y Ricardo Moreno quienes, luego de analizar las pruebas producidas durante los 45 allanamientos realizados, en octubre de 2014, en distintas propiedades vinculadas con los Ale concluyeron que había pruebas y hechos suficientes para corroborar el procesamiento con prisión)preventiva en contra de los ocho imputados vinculados con la causa que investiga el juez Poviña. La investigación se abrió al haber una presunción de que los acusado habían lavado activos por unos $ 63 millones.

 

En el fallo difundido ayer por la Cámara se explica que “los elementos recolectados en la investigación condujeron al juez de grado (Poviña) a presumir fundadamente que se estaría ante un numeroso grupo de sujetos, con una organización estable y planes criminales diversificados, cuyo origen data al menos del año 2002”. 

 

En este sentido, los camaristas también concluyeron que los planes criminales de esta presunta asociación ilícita “continuarían ejecutándose en la actualidad bajo el mando de los hermanos Rubén Eduardo y Adolfo Ángel Ale; y, entre cuyos objetivos principales se encontraría -además de los señalados en la resolución de fecha 20 de diciembre de 2013- la presunta producción y comercialización de estupefacientes, el cobro extorsivo de acreencias propias del grupo y de terceros a éste (art. 168 del Código Penal) y la tenencia ilegítima de armas de fuego (art. 189 bis del Código Penal)”.

 

Las pruebas valoradas por los jueces no solo les permitieron dejar firme la imputación contra los hermanos Ale sino que también los facultó a considerar que Carlos “Ututo” Rolando Ocampos, César “Mono” Marcelo Manca, Enrique Chanampa, Ernesto Catulo y Hernán “Memo” Horacio Lazarte, tendrían una activa intervención en las presuntas actividades delictivas del “Clan Ale”. 

 

Desde la acusación realizada en diciembre de 2013 la UIF, que es presidida por José Sbatella, señaló en reiteradas ocasiones que el encuadre de esta investigación correspondía a una asociación ilícita, advirtiendo que se estaba frente a un grupo mafioso.

 

Este supuesta asociación mafiosa, según la Justicia Federal, también estaría vinculada con el secuestros y desaparición de María de los Ángeles Verón, hecho que ocurrió en abril de 2002. La Justicia Federal consideró que este fallo “es un avance inédito para juzgar la impunidad con la que se manejaron los Ale, durante tantos años- en Tucumán”. (La Gaceta)



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