Se reimpulsa la reforma del Código Procesal Penal de la Provincia

Esta semana se presentó el proyecto para modificar el Código Procesal Penal de la Provincia (CPPT), normativa que regula el inicio, la tramitación y la conclusión de las causas penales en el fuero local. 

Si bien la iniciativa lleva la firma del legislador Marcelo Caponio, titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, el texto es producto de un trabajo conjunto con representantes de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, del Poder Ejecutivo, de los abogados colegiados, de docentes universitarios y de otros organismos y profesionales especializados en materia penal.

Según fuentes legislativas, existe la intención de concretar en el corto plazo la sanción del nuevo Código Procesal Penal. De todas formas, la iniciativa sería sometida a una nueva rueda de consultas con expertos. Además, la implementación de la futura normativa dependerá de los plazos que fije la Corte Suprema, ya que implicará la creación de oficinas, la puesta en marca de novedosos mecanismos de resolución de conflictos y diversas modificaciones en el organigrama del Poder Judicial de Tucumán.

La reforma del proceso penal comenzó en 2012, cuando un sector del alto tribunal trató de impulsar una modificación parcial y una experiencia con una prueba piloto. El oficialismo de la Legislatura salió al cruce del proyecto de la Corte Suprema, y alegó que era función del cuerpo parlamentario cualquier cambio normativo, aunque se tratara de una prueba piloto.

Así, se convocó a la creación de una comisión especial que contó con representantes de los tres poderes del Estado, de letrados colegiados y de expertos. El proceso concluyó tras dos años de recolectar aportes. A mediados de 2015, antes de que la anterior conformación legislativa concluyera su mandato, el hoy ex legislador oficialista Ramiro González Navarro elevó a la Legislatura el anteproyecto para la modificación del Código Procesal Penal. La semana pasada, el vicegobernador Osvaldo Jaldo anunció que la intención del cuerpo colegiado era comenzar este mes con el debate oficial para esa reforma. Caponio, que había sido el presidente original de la comisión especial, cumplió con esa misión el martes pasado.

El proyecto de ley, que tiene 102 páginas, incorpora capítulos referidos al enjuiciamiento rápido de determinados delitos (por ejemplo, en casos de flagrancia), a la oralización del proceso de instrucción mediante la celebración de audiencias y a la puesta en marcha de institutos alternativos de resolución de conflictos. (La Gaceta)