26/02/2017

Tucumán

Organizaciones por los derechos de la mujer iniciaron una mesa de diálogo con el Gobierno

Se plantearon problemáticas como la violencia de género, crear un espacio de contención y educar sobre noviazgos violentos, para trabajar en conjunto.
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Mesa de Diálogo por los Derechos de la Mujer.

Las principales referentes de organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres en la provincia de Tucumán, fueron recibidas por el Gobierno en la apertura de una mesa de diálogo para articular acciones y establecer un agenda abierta sobre las necesidades que tiene el género.

La anfitriona, Erika Brunotto, secretaria de Derechos Humanos, indicó que el Estado bregará “al lado de estas organizaciones” y se convertirá en articulador de medidas conducentes que puedan mejorar la vida de las mujeres. “Hablamos sobre la creación del Registro Único de Femicidio y Víctimas, además de cómo determinar la ley de emergencia haciendo hincapié en la prevención en seguridad y educación de la temática”.

Violencia de género; un lugar de contención para mujeres y niños; y sobre todo educación en adolescentes y adultos sobre noviazgos violentos, fueron algunos de los temas más relevantes en el encuentro. “Con las organizaciones empezamos a delinear los parámetros de edición, para el 8 de marzo el Registro Único de Femicidio estará en plena vigencia”, adelantó Brunotto.

“Tucumán será una de las primeras provincias que ingresará en el Registro de Nación con un criterio unívoco que se plantea para tener este registro a nivel nacional”, dijo la funcionaria.

La titular de la Casa de la Mujer “Norma Nassif”, Vicky Disatnik, celebró la iniciativa y aseguró que pronto se armará la mesa de trabajo para instrumentar las medidas de la ley de emergencia. “Hoy la violencia de genero se transformó en un problema político, hay qe valorar la vida de las mujeres”.

En lo que va del año y desde que se realizó el primer conteo, una mujer muere cada 18 horas: “las cifras son terribles, el año pasado llegó a 290. Ahora no tan solo se habla de la víctima sino, también, de las muertes de los familiares. Estamos ante un problema grave y esperamos tomar medidas”, dijo Disatnik.

En los próximos días, las referentes de las organizaciones con el Ejecutivo mantendrán un nuevo encuentro para trabajar en diferentes proyectos planteados.

“Estamos conformes con el Gobierno y la Secretaría de Derechos Humanos por dar un puntapié inicial frente a la sanción de la ye de violencia de género. Esperamos que los jueces reciban la capacitación y sensibilización necesaria”, indicó la abogada Celia Delbono, de la organización Clarence.

En ese sentido sostuvo que “necesitamos la plena vigencia de los derechos que tenemos las mujeres que obliga a los tres poderes del Estado a prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género”.

En cuanto a la reunión consideró que “es un gran paso para encarar una política pública” y agregó: “al lado de la cantidad de femicidios está la impunidad del agresor y debemos tener un sistema que funcione para combatirlo”.

“Creemos que esto abre una esperanza para trabajar mancomunadamente. Los tres poderes del Estado más los organizaciones pensamos llegar a la sociedad porque es un problema cultural”, aseguró Delbono.

“Me parece una buena iniciativa porque nos permiten escuchar los planteos que tenemos y abrir este canal”, razonó Valeria Totongi, del colectivo “NiUnaMneos”. Al ser consultado sobre la problemática que más le preocupa resaltó: “es la recepción de denuncias y la dificultad que hay en las mujeres para denunciar” y opinó “aceitar los mecanismos para que las denuncias sean recibidas”.

Lita Alberstein, representante de las mujeres encuadradas en el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) hizo hincapié en la creación de diez refugios para garantizar un lugar de contención a mujeres víctimas de violencia. En ese sentido agregó: “tiene que aplicarse la pulsera electrónica para que el hombre golpeador esté monitoreado y respete la zona de restricción”. En cuanto a la iniciativa de la Secretaría de Derechos Humanos consideró que “es obligación del Gobierno escucharnos y las facultades para ejecutar las propuestas”.










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