19/05/2017

Tucumán

Casación confirmó la competencia de la Justicia federal para investigar si hubo fraude en 2015

La sala IV del máximo tribunal penal tomó la decisión ante la denuncia presentada por el candidato perdedor José Cano.
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La Corte Suprema confirmó la victoria de Manzur y Jaldo.

La Cámara Federal de Casación Penal declaró este jueves la competencia de la Justicia federal para investigar si hubo fraude en las elecciones en las que fueron electos el gobernador y el vicegobernador de Tucumán, en 2015. La decisión fue tomada por la sala IV del máximo tribunal penal, integrada por los camaristas Juan Carlos Gemignani, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, ante la denuncia presentada por el entonces candidato perdedor José Cano.

El actual titular del Plan Belgrano había denunciado que los resultados electorales fueron alterados y responsabilizó por la supuesta maniobra al Correo Argentino y a la Gendarmería Nacional. Más allá de la denuncia, para la Junta Electoral de Tucumán, el escrutinio definitivo ratificó el triunfo del candidato del Frente para la Victoria, Juan Manzur, con una diferencia de casi 12 puntos por sobre el Acuerdo por el Bicentenario, que postuló a Cano.

Asimismo, en abril de este año, la Corte Suprema de Justicia de la Nación avaló el triunfo de la fórmula integrada por Juan Manzur y Osvaldo Jaldo en las elecciones provinciales de 2015.

La resolución del máximo tribunal expresó también fuertes cuestionamientos contra el sistema electoral de la provincia, que ratifica la necesidad de un debate por su reforma.

En su fallo, la Cámara de Casación revocó, por mayoría, el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán que había confirmado la resolución del juez de primera instancia, que declinó su competencia en favor de la Justicia provincial.

Según publicó la agencia Télam, los actores que habrían participado de la maniobra fraudulenta "actuaron como una asociación ilícita de manera coordinada y con división de tareas", según recordaron los camaristas en un fallo de 24 páginas.

En los comicios cuestionados se eligieron autoridades provinciales: gobernador, vicegobernador, legisladores, intendentes, concejales y comisionados comunales.

La causa llegó a Casación por vía de una queja del fiscal general Antonio Gómez, que fue aceptada por el máximo tribunal penal del país, al ordenar que sea la justicia federal la que investigue la denuncia


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