Campero intimó a la SAT a que le pague al municipio más de $ 19,6 millones en 15 días

El intendente de Yerba Buena, Mariano Campero, envió una carta documento al presidente del directorio de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), Alfredo Calvo, para intimar a la empresa a pagar, en un plazo de 15 días, más de $ 19,6 millones, por las roturas producidas en la vía pública.

Según el jefe municipal, el daño fue provocado por trabajo llevado a cabo por personal y por máquinas de la SAT, sin aviso a la Intendencia ni autorización. Además, indicó que durante 2016 y lo que va de 2017, la Municipalidad se vio obligada a subsanar, con su dinero, el cierre de esos baches y caños en las calles.

“Asimismo, lo intimo a que se abstenga de hacer cualquier tipo de intervención que implique la rotura de la vía pública sin permiso”, se lee en otro párrafo de ese documento. Según Campero, el importe adeudado, más los intereses que correspondan, deberán hacerse efectivos en un plazo de 15 días, a partir de la recepción de la nota.

Por último, desde la Municipalidad piedemontana le recordaron a Calvo que es obligación de la empresa que dirige dejar los bienes públicos en el mismo estado en el que los encontraron antes de su intervención, bajo apercibimiento de labrar, de aquí en adelante, actas de infracción.

“Esta ciudad es la que más le aporta a la SAT per cápita. A cambio, recibe un pésimo servicio. En verano, padecemos la falta de agua. En invierno, las pérdidas de agua potable y de fluidos cloacales. No queremos más excusas, sino respuestas”, declaró Campero, y destacó que el accionista mayoritario de la proveedora es el gobierno de la Provincia.

Consultados al respecto, desde la proveedora indicaron al diario La Gaceta que la presentación fue recibida por el departamento de Asuntos Legales de la compañía, para su análisis. Hasta ahora, no ha habido un pronunciamiento.

En mayo pasado, Germán Alfaro -intendente de San Miguel de Tucumán- le inició a la Sociedad Aguas del Tucumán acciones legales por daños y perjuicios, también debido a la destrucción de la vía pública. En ese caso -a diferencia- reclamaron unos $ 240 millones. Alfaro había argumentado que la ciudad se encuentra en crisis por la cantidad de roturas sin reparar y pérdidas cloacales en las calles. La demanda ingresó en la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo.