Quitar derechos y garantías, un ejercicio neoliberal

Por Mabel Carrizo* | Hace unos días el Gobierno Nacional creó la Agencia Nacional de discapacidad, mediante el decreto de necesidad y urgencia 698/2017, disolviendo así dos organismos fundamentales en la regulación de las políticas públicas destinadas a las personas con discapacidad, la CONADIS y la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales.

Quienes me conocen, saben que hace un tiempo decidí sumarme a la lucha por crear un país más justo y sobre todo más accesible, participando activamente de la comisión de discapacidad y de cada foro o encuentro asociado al tema. Cuando me informaron sobre esta decisión gubernamental, decidí tomarme unos días para investigar a fondo lo que estaba pasando y así poder tomar cartas en el asunto.

En primera instancia, la eliminación de la CONADIS y Comisión Nacional de Personas Asistenciales atenta contra los derechos adquiridos por las personas con discapacidad en lo que respecta al resguardo de sus garantías sociales. Por otra parte, esta decisión tomada por del Gobierno Nacional consolida un duro golpe contra las instituciones legislativas y su representatividad en materia de DDHH.

Estos organismos fueron creados para nuclear a las organizaciones civiles de las personas con discapacidad facilitando una herramienta que les permitió la participación activa otorgándoles protagonismo directo, el hecho de haber resuelto por decreto la eliminación de estos organismos conforma una maniobra política que ha pasado por alto la Convención de las Naciones Unidas, aprobada por Ley 26.378 y con rango constitucional otorgado por Ley, que prescribe la necesidad de que el Estado colabore activamente con las personas con discapacidad a través de sus organizaciones, garantizando además la participación de los mismos. Sin embargo, no sólo se ha excluido a los miembros interesados de una decisión que le es propia, sino que además no se especifica claramente el modo en que la Agencia Nacional de Discapacidad incorporará a los afectados.

El decreto que elimina estos organismos, expresa una constante de este gobierno que no por primera vez hace uso de estas facultades poniendo en manifiesto el profundo desconocimiento de todo el trabajo que la Comisión de Discapacidad, a la cual pertenezco, ha realizado hasta la actualidad, ignorando por completo su carácter representativo del pueblo.  “Necesidad y Urgencia” son cualidades que no se fundamentan en las condiciones requeridas para emitirse como tal.

Como si todo esto fuera poco, el federalismo y la autonomía de las provincias también se vulnera, dado que no es claro el modo de articulación entre las provincias y la Nación en el marco de tal Agencia, que además centraliza sus funciones a nivel nacional obviando la especificidad de los casos en cada provincia.

No me quedan dudas que esta decisión contempla una forma de mirar el mundo, donde en pos de una supuesta libertad se reducen derechos ignorando los roles fundamentales que deben cumplir los Estados para la protección de las personas brindándoles las garantías humanas para desarrollar sus vidas. Neoliberalismo salvaje que ya sabemos dónde termina.

*Mabel Carrizo es diputada nacional por Tucumán, y actualmente candidata a renovar su cargo por el Frente Justicialista.