11/10/2017

Tucumán

Los miembros del clan Ale quedaron el libertad y la testigo que declaró en su contra se quedó sin custodia

La mujer había declarado y en su testimonio acusó además al interventor de la Caja Popular de Ahorros Armando Cortalezzi y al actual secretario de Trabajo Roberto Palina.
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Una mujer que declaró en contra del clan Ale perdió ahora la protección.

Luego de la polémica decisión de la justicia federal de otorgar la libertad a los imputados en el denominado "Juicio al Clan Ale", un nuevo revés preocupa e indigna a la querella.

Según trascendió en las últimas horas, una de las testigos de identidad reservada se quedó sin custodia policial por una decisión del Tribunal Oral Federal, informó el diario La Gaceta.

La mujer y un hombre, el otro protegido por la Justicia, declararon vía teleconferencia con sus rostros semiocultos. Ella, con tono firme, fue la que relacionó a Armando Cortalezzi, interventor de la Caja Popular de Ahorros, con el grupo que está siendo enjuiciado. También dijo lo mismo de Roberto Palina, ex legislador, y actual secretario de Trabajo de la provincia.

Los defensores y los acusados escucharon atentamente sus dichos. En más de una oportunidad dijo que los integrantes del clan estaban vinculados a las redes de la prostitución, aunque las mayores acusaciones recayeron sobre María Jesús Rivero. También afirmó que en las casas de juego de los Ale se habría comercializado drogas.

La decisión de los jueces se había tomado el 28 de septiembre, días antes de que los acusados de integrar una asociación ilícita que habría lavado activos proveniente de ilícitos, recuperaran la libertad, medida que fue tomada por el Tribunal, aplaudida por los defensores y cuestionada por los querelllantes.

El dato surgió luego de que el fiscal Pablo Camuña les enviara una nota a los jueces para que preguntarles si se habían tomado medidas para proteger a las personas que prestaron declaración como testigos de identidad reservada luego de que los sospechosos quedaran libres.

“El pedido de información se enmarca en la obligación del Tribunal en garantizar el derecho de víctimas o presuntas víctimas de no recibir daño en su integridad física y psíquica”, dijo Camuña en su escrito, que también lleva la firma de Agustín Chit, fiscal ad hoc.

“Se encuentra autorizado para arbitrar todas las medidas que estime pertinentes, requiriendo colaboración a las fuerzas de seguridad, programas de protección de testigos y equipos de acompañamientos de víctimas”, se puede leer en una resolución que lleva la firma de la jueza Alicia Noli.

En ese mismo documento, la magistrada le informa al fiscal que ella se había retirado del programa por el que estaba siendo protegida y que además le revocaban la custodia que tenía desde hace bastante tiempo. (lagaceta.com.ar)

 

 

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