El "Clan Ale" cumplirá prisión domiciliaria hasta la sentencia

Tres días antes de que se conociera la sentencia del caso por el que están siendo enjuiciados los miembros del "clan Ale", la Cámara de Casación revocó la libertad con la que habían sido beneficiados.

La decisión del tribunal generó enojo y cuestionamientos en los acusados, que se reunieron en un bar de Barrio Norte para deliberar cómo accionarían. Mientras se encontraban allí, el Tribunal Oral Federal dispuso que la medida se cumpliera con arresto domiciliario y que los imputados fueran vigilados en sus casas por personal de Gendarmería Nacional. Cerca de las 20hs, los Ale se retiraron sonrientes.

En octubre, los jueces Alicia Noli, Gabriel Eduardo Casas y Domingo José Batule habían decidido dejar en libertad a 12 de las 16 personas que estaban imputadas en el caso. Rubén “La Chancha” y Ángel “El Mono” Ale, María Jesús Rivero, Fabián Antonio González, Hernán Horacio Lazarte, Ernesto Santos Catulo, Marcelo Manca, Carlos Rolando Ocampos, Enrique Lorenzo Chanampa, Sergio Francisco Parrado, Víctor Alberto Suárez y Oscar Roberto Dilascio. Meses antes, en otra polémica medida, todos estos imputados habían sido beneficiados con el arresto domiciliario.

El fiscal Pablo Camuña, titular del Ministerio Público, presentó un planteo que tuvo a adhesión de la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF), solicitando la prisión para los imputados, a días de la lectura de la sentencia. La Sala II de la Cámara de Casación, integrado por los jueces Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Ana María Figueroa aceptó la presentación y resolvió: "Se impone invalidar las solturas dispuestas, desde que la finalidad de la medida cautelar tiene por objeto garantizar la presencia de los imputados en pos de la continuidad y la conclusión del debate que viene desarrollándose desde varios meses", sostuvo un magistrado al ordenar que el Tribunal revocara la medida.

Reacciones

Los abogados defensores se mostraron incómodos con esta medida. Manuel Pedernera, defensor de Víctor Suárez y Hernán Lazarte, dijo: "Nos sorprenden gravemente este fallo. Nos genera alarma porque consideramos que este fallo se puede transformar en una presión mediática hacia los jueces del Tribunal. Es una situación que genera mucha preocupación entre nuestros defendidos y los que los defendemos".

Por su parte, Ernesto Baaclini, defensor de Roberto Dilascio, opinó: "La Cámara de casación debió por lo menos ser más prolija. Si tenían en mente revocar la excarcelación, lo primero que se hace por respeto al debido proceso, es correr vista o vulgarmente cómo se dice, escuchar a las defensas y no emitir fallo sin este obligatorio e importante paso procesal. Culminando lo aberrante, que por notificación electrónica, nos citaron para ayer a escuchar la lectura de la resolución en los tribunales de Comodoro Py".

En tanto, en la vereda opuesta, Mariano Federici, el titular de la UIF, celebró la decisióm de la Cámara. "Nos parece una decisión correcta por parte de los jueces de la Cámara. Los fundamentos del fallo son claros y respalda el planteo que realizó el Ministerio Público Fiscal. Espero que el Tribunal resuelva acorde a la circunstancias y los acusados se pongan a disposición de la Justicia".

La aplicación

En el fallo, los jueces de la Cámara de Casación habían solicitado al TOF que determinen cómo aplicarían la medida. Con disidencia de Noli, el TOF resolvió que los 13 imputados permanecieran detenidos con arresto domiciliario. También ordenaron que dos efectivos de Gendarmería se encargaran de su custodia y que además se les colocaran pulseras electrónicas para un mejor control.

Sin emabargo, este último punto no se puede cumplimentar ya que no se cuentan con los recursos para hacerlo, ni se puede realizar el trabajo técnico previo necesario para poner en funcionamiento los elementos.

Este lunes el tribunal emitirá su sentencia. El fiscal Camuña, Martín Olari Ugrotte y Gabriel Merola (representantes de la UIF) y María Lucía Trabadelo y Mónica Molina (abogadas de la Administración Federal de Ingresos Públicos -AFIP-) pidieron penas de entre 2 y 30 años y multas de más de $ 300 millones por considerarlos integrantes de una asociación ilícita que lavaba los fondos de actividades ilícitas. En tanto que los defensores de todos los acusados pidieron que sean absueltos.