El Gobierno prorroga un programa social que invierte $ 5 millones al mes
El régimen contempla una contraprestación no inferior al 22,5% del salario mínimo vital y móvil, fijado en $9.700 El Manos a la Obra permitirá la “contención” de hasta 2.360 beneficiarios, si se abona el mínimo de $ 2.182.
Hace 12 Hs 17 38
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COORDINADOR. El ministro del Interior, Miguel Acevedo, es la autoridad de aplicación del “Manos a la Obra”. msptucuman.gov.ar
El Gobierno provincial prorrogó por decreto el programa social “Tucumán Manos a la Obra”, que contará con una partida global de $15,45 millones para enero, febrero y marzo; es decir, $ 5,15 millones por cada mes.
Este plan de “formación y ayuda social”, que había sido creado por ley 8.845 -sancionada en diciembre de 2015 y promulgada el 13 de enero de 2016-, iba a caducar hoy, pero esta extensión le dio validez hasta 2020.
Según la normativa, el régimen tiene por objetivo la inclusión laboral, y se ejecuta a través del Ministerio del Interior, a cargo del ministro Miguel Acevedo, mediante la firma de “convenios individuales con municipios y comunas”. En cada uno de esos acuerdos constan “todas fas características de los servicios requeridos, sus modalidades, tiempo, forma y lugar de desarrollo de tareas”, expresa la ley 8.845.
El texto establece que, a modo de contraprestación, los beneficiarios “gozarán de una retribución mensual”. La suma “no podrá ser inferior al 22,5% ni mayor del 100% del salario mínimo vital y móvil”, fijado en $9.700, según el Tribunal de Cuentas.
Si bien no hay un registro público sobre los destinatarios de este programa, las cifras permiten inferir que el plan tiene una capacidad de “contención” máxima de hasta 2.360 trabajadores (con un haber de $2.182), y una mínima de hasta 530 personas (si se abonara el tope, de $9.700).
Un control preventivo
El 21 de diciembre pasado, el gobernador Juan Luis Manzur firmó el decreto 4.364/10 (MI), en el que consideró “conveniente y necesario hacer uso de la prórroga” de la ley 8.845, del plan Tucumán Manos a la Obra, para los próximos dos años.
A la vez, el 3 de enero pasado, el mandatario rubricó el decreto 38/10 (MI), que fue sometido al control preventivo de rigor por el Tribunal de Cuentas. El jueves, a través del acuerdo 31, los vocales Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci (el presidente, Miguel Terraf, está de licencia por la feria) aprobaron sin observaciones ese instrumento, que autoriza al Ministerio del Interior a emitir las órdenes de pago por $15,45 millones totales, a favor de la Caja Popular de Ahorros, “a fin de que la entidad realice el pago de la contraprestación de los beneficiarios de las comunas rurales” por el plan Manos a la Obra.
El acuerdo del TC incluye condiciones para la ejecución de los pagos de febrero y marzo próximos. Según los contadores fiscales, en el expediente “no se encuentra acreditado” que los beneficiarios cumplan con algunas cláusulas de la ley 8.845. Entre ellas, que no tengan relación de dependencia con “ningún organismo nacional, provincial y municipal”, ni estén acogidos “a beneficio previsional alguno”, ni perciban “otro tipo de plan, salvo la Asignación Universal por Hijo”. Además, los trabajadores no deberían cobrar menos del mínimo de $2.182. “Del análisis surgen asignaciones inferiores a ese monto”, señalaron los auditores.
El Gobierno provincial prorrogó por decreto el programa social “Tucumán Manos a la Obra”, que contará con una partida global de $15,45 millones para enero, febrero y marzo; es decir, $ 5,15 millones por cada mes.
Este plan de “formación y ayuda social”, que había sido creado por ley 8.845 -sancionada en diciembre de 2015 y promulgada el 13 de enero de 2016-, iba a caducar este viernes, pero esta extensión le dio validez hasta 2020.
Según la normativa, el régimen tiene por objetivo la inclusión laboral, y se ejecuta a través del Ministerio del Interior, a cargo del ministro Miguel Acevedo, mediante la firma de “convenios individuales con municipios y comunas”. En cada uno de esos acuerdos constan “todas las características de los servicios requeridos, sus modalidades, tiempo, forma y lugar de desarrollo de tareas”, expresa la ley 8.845.
El texto establece que, a modo de contraprestación, los beneficiarios “gozarán de una retribución mensual”. La suma “no podrá ser inferior al 22,5% ni mayor del 100% del salario mínimo vital y móvil”, fijado en $9.700, según el Tribunal de Cuentas.
Si bien no hay un registro público sobre los destinatarios de este programa, las cifras permiten inferir que el plan tiene una capacidad de “contención” máxima de hasta 2.360 trabajadores (con un haber de $2.182), y una mínima de hasta 530 personas (si se abonara el tope, de $9.700).
