Realizaron allanamientos en la causa por estafas con casas del Instituto de la Vivienda
Una de las inspecciones se llevó a cabo en un domicilio que sería de un pariente de una de las supuestas "gestoras" de las viviendas sociales.
Hace 2 Hs 14 55
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MADRID AL 300. Un funcionario policial dialoga con una periodista de LA GACETA durante uno de los allanamientos. LA GACETA / ANTONIO FERRONI
Por orden de la Justicia provincial, la Policía realizó esta tarde una serie de allanamientos en busca de pruebas de las estafas con casas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) que habrían realizado supuestos gestores.
Uno de los registros se llevó a cabo en la calle Madrid al 300, al norte de la capital, en un domicilio que pertenecería a un pariente de Elizabeth Alzogaray, la mujer que, según el relato de decenas de personas, habría ocupado un rol clave en una supuesta organización que ofrecía el acceso a viviendas sociales del Estado a cambio de dinero.
Durante el allanamiento se buscó documentación que fuera probatoria de la participación de Alzogaray en el supuesto ilícito.
De acuerdo a los investigadores, a las personas que resultaron estafadas les proponían que entreguen un mínimo de $ 4.000 (hay quienes aseguran haber pagado hasta $ 100.000) para evitar los trámites de inscripción a través de las vías formales establecidas por el IPV, y conseguir la adjudicación de inmuebles edificados con programas nacionales en Manantial Sur, Lomas de Tafí y Yerba Buena.
El gobernador, Juan Manzur, fue contundente respecto de los supuestos gestores: "que la Justica meta preso a quien corresponda".
En el marco de la investigación por las estafas con casas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) que habrían realizado supuestos gestores, este jueves por la tarde la Policía realizó una serie de allanamientos en busca de pruebas.
Uno de los registros ordenados por la Justicia provincial se llevó a cabo en la calle Madrid al 300, al norte de la capital, en un domicilio que pertenecería a un pariente de Elizabeth Alzogaray.
Durante el allanamiento se buscó documentación que fuera probatoria de la participación en el supuesto ilícito de la mujer que, según el relato de decenas de personas, habría ocupado un rol clave en una supuesta organización que ofrecía el acceso a viviendas sociales del Estado a cambio de dinero.
De acuerdo a los investigadores, a las personas que resultaron estafadas les proponían que entreguen un mínimo de $ 4.000 (hay quienes aseguran haber pagado hasta $ 100.000) para evitar los trámites de inscripción a través de las vías formales establecidas por el IPV, y conseguir la adjudicación de inmuebles edificados con programas nacionales en Manantial Sur, Lomas de Tafí y Yerba Buena.
