07/07/2018

Tucumán

Escándalo en las redes: Le realizaron un aborto a una niña abusada e investigan a los médicos

Desde Ni Una menos recordaron que existen antecedentes locales y nacionales que ya se han pronunciado acerca de la violación de derechos que supone judicializar estos casos, que no rompe ninguna ley.
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Fiscalía de Adriana Giannoni.

Aeronáuticos lanzaron un paro contra la política aerocomercial del Gobierno para el arranque de las vacaciones de invierno
Los Sindicatos Aeronáuticos Unidos, que representan a unos 15.000 trabajadores, anunciaron un plan de lucha en rechazo a la política aerocomercial de Macri, que comenzará con un cese de actividades para el viernes 13 de julio. Ocurre a poco de que, a pedido de las low cost, el Ejecutivo quite las tarifas mínimas de referencia para los vuelos de cabotaje.
 
Tras la decisión del Gobierno de eliminar las tarifas mínimas de referencia para los vuelos de cabotaje, lo que significará una reducción en el precio de los pasajes a pedido y beneficio de las compañías low cost, los gremios aeronáuticos anunciaron un paro total de actividades para el próximo viernes, en coincidencia con el comienzo de las vacaciones de invierno.
La medida de fuerza fue anunciada por los Sindicatos Aeronáuticos Unidos (APA, APTA, UPSA, APLA, ATCPEA, ATEPSA y UALA), que en realidad lanzaron un plan de lucha en rechazo a la política aerocomercial del Ejecutivo de Mauricio Macri.
Desde el SUA, que representa a unos 15 mil trabajadores, denunciaron "graves incumplimientos" por parte de la autoridades y advirtieron que las "políticas aplicadas tornan un futuro incierto para el sector" porque, según afirmaron, "degradan la seguridad operativa poniendo en riesgo a los usuarios y trabajadores".
"(El Ministerio de Transporte) ha hecho oídos sordos a los reclamos elevados, y por el contrario han decidido dar por tierra con todos los compromisos asumidos en su oportunidad", explicaron a través de un comunicado. 
Son siete gremios los que ya adhirieron a la medida de fuerza, mientras que la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), que lidera el moyanista Juan Pablo Brey, todavía no anunció adhesión a la protesta. 
Según los datos de navegación aérea argentina del ENEA de junio pasado, los viernes despegan y arriban 803 vuelos, de los cuales 519 son de cabotaje y 283 internacionales. En total, los viernes se transporta a unos 80.000 pasajeros.
Un caso que se dio a conocer este viernes generó una gran polémica en las redes sociales alrededor de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Un equipo médico del Hospital Avellaneda realizó un aborto a una nena de 11 años que había sido víctima de violación y a pesar de tratarse de una práctica legal, los médicos fueron sometidos a investigación.

Desde el colectivo Ni Una Menos Tucumán respaldaron "el accionar de la doctora Fabiana Reina y el equipo de salud que garantizo el acceso a una ILE a niña abusada y que un sector de médicos antiderechos intentó bloquear". Y agregaron: "No solo demuestran su menosprecio por la salud y derechos de las niñas y mujeres sino sus mecanismos de apriete y terror para imponer sus intereses". 

La Fiscal Adriana Gianonni de la VIII Nominación quedó en la mira de las críticas ya que "en vez de investigar el abuso sexual infantil, intenta someter a escrutinio judicial una prestación médica lícita, producto de una decisión legal tomada dentro de las opciones terapéuticas vigentes para la niña", señala el comunciado del colectivo.

"Esta actitud judicial hostil hacia el equipo que garantizó a la niña el acceso a sus derechos se encuentra en franca violacion de los derechos vigentes y de la expresa orden de no judicializacion de estos casos que ha sentado la CSJN en fallo FAL", detallan.

Existen antecedentes jurispridenciales locales (Fiscalía VI) y nacionales que ya se han pronunciado acerca de la violación de derechos que supone judicializar estos casos "yen esta línea se han impuesto sanciones y hasta se ha separado del cargo magistrados a quienes intentaron obstruir el acceso a una ILE2, agregan.

La Interrupción Legal del Embarazo en casos de violación es un derecho desde 1921 que debe ser atendido con celeridad con la sola declaración jurada de a quien solicite la ILE y sin que medie autorización judicial



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