12/09/2018

Tucumán

Ya hay 200 demandas por terrenos vendidos ilegalmente en El Cadillal

El comisionado rural no puede avanzar en actos administrativos por orden del Poder Ejecutivo. Los vecinos afirman que en total serían 500 los terrenos fiscales comercializados por "Viviendas Leal".

El Estado avanza contra la venta ilegal de terrenos en El Cadillal e involucra a la comuna
12 de septiembre de 2018
Movimiento de tierra en terrenos fiscales comercializados por "Viviendas Leal"
La Fiscalía de Estado tiene 200 demandas en curso y no descartan muchas más. Los vecinos hablan de 500 terrenos. El comisionado rural no puede avanzar en actos administrativos por orden del Poder Ejecutivo tucumano.
 La mayoría de los más de 200 denunciados afirma que adquirió los terrenos a través de cesión de derechos de posesión de las tierras. En los descargos presentaron como pruebas documentación que les habían entregado en la comuna. Por ejemplo, boletas de pago de contribuciones que no están autorizados a cobrar, ya que se trata de terrenos fiscales.
Al encontrarse con estas irregularidades, el ministro del Interior, Miguel Acevedo, y la Fiscalía de Estado, a través de una nota, requirieron al comisionado comunal de El Cadillal, “como así también a todo el personal perteneciente a dicha comuna, que se abstenga de realizar cualquier tipo de hecho o acto administrativo que tiendan a facilitar las situaciones anómalas descriptas”.
Venta de terreno cerca de la costa del dique
En ese sentido, le prohibió a Bonanno a emitir documentación referida a venta, cesiones, transferencias y a cualquier otro acto administrativo referido a inmuebles del Estado. También le pidió que se abstenga de cobrar o percibir tasas o servicios y de pedir a EDET que instale medidores de luz en dichos terrenos.
El Tribunal de Cuentas también observó a Bonanno
Según pudo saberse, el Tribunal de Cuentas (TC) también cuestionó al funcionario por no haber realizado una obra, a pesar de que cobró fondos por casi $ 1 millón para hacerla. El 8 de agosto, el TC resolvió iniciar acciones legales en contra del comisionado por, supuestamente, no haber realizado la recuperación de alumbrado público, pese a que retiró más de $ 910.000 en febrero de 2017 y $ 70.000 en marzo de ese mismo mes. Los profesionales advirtieron que la obra, que consistía en la recuperación del sistema eléctrico de la villa turística hasta la fecha de la resolución, no había sido iniciada.

El caso de la venta ilegal de terrenos en El Cadillal se torna cada vez más polémico y ahora el Poder Ejecutivo provincial determinó que el comisionado rural no puede avanzar en actos administrativos hasta esclarecer la situación.

La Fiscalía de Estado tiene 200 demandas en curso y no descartan muchas más. Los vecinos hablan de que en total son 500 terrenos.

La mayoría de los más de 200 denunciados afirma que adquirió los terrenos a través de cesión de derechos de posesión de las tierras. En los descargos presentaron como pruebas documentación que les habían entregado en la comuna. Por ejemplo, boletas de pago de contribuciones que no están autorizados a cobrar, ya que se trata de terrenos fiscales.

Al encontrarse con estas irregularidades, el ministro del Interior, Miguel Acevedo, y la Fiscalía de Estado, a través de una nota, requirieron a Carlos Bonanno, comisionado comunal de El Cadillal, “como así también a todo el personal perteneciente a dicha comuna, que se abstenga de realizar cualquier tipo de hecho o acto administrativo que tiendan a facilitar las situaciones anómalas descriptas”.

En ese sentido, le prohibió a Bonanno a emitir documentación referida a venta, cesiones, transferencias y a cualquier otro acto administrativo referido a inmuebles del Estado. También le pidió que se abstenga de cobrar o percibir tasas o servicios y de pedir a EDET que instale medidores de luz en dichos terrenos.

Según pudo saberse, el Tribunal de Cuentas también cuestionó al funcionario por no haber realizado una obra, a pesar de que cobró fondos por casi $ 1 millón para hacerla. El 8 de agosto, el TC resolvió iniciar acciones legales en contra del comisionado por, supuestamente, no haber realizado la recuperación de alumbrado público, pese a que retiró más de $ 910.000 en febrero de 2017 y $ 70.000 en marzo de ese mismo mes. Los profesionales advirtieron que la obra, que consistía en la recuperación del sistema eléctrico de la villa turística hasta la fecha de la resolución, no había sido iniciada.




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