Los abogados que representan a la Provincia de Tucumán ratificaron que el Poder Ejecutivo no debería pagar la demanda de $ 10,6 millones planteada por Alberto Lebbos en beneficio su nieta, la hija de Paulina Lebbos, por el asesinato de la joven y el posterior encubrimiento del hecho. “Hemos rechazado (los pedidos) conforme a las pruebas de la causa y a lo que se encuentra tarifado dentro del código civil aplicable al caso”, explicó Carlos Parajón Ferullo, quien concluyó ayer con la exposición que había iniciado el martes pasado junto con Cecilia Vaccaro.

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El alegato de los abogados, que tomó dos sesiones en total, se centró en el grado de imputación de responsabilidad que le correspondería al Estado en la demanda civil. En esta ocasión, Parajón Ferullo sostuvo que no se ha probado en ningún momento que el Estado fuera directamente responsable del encubrimiento por el que se lo acusa; y que tampoco está enunciado el tipo de ocultación. “El nexo causal debe ser claramente establecido, tanto en su inmediatez como en su relación directa con el hecho original; no pudiendo quedar sujeto a subjetividades o meras conjeturas”, expresó, citando la doctrina de la causalidad.

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El abogado se refirió también a los puntos en los que, a su criterio, “flaquea” el planteo de resarcimiento de Lebbos.

Reclamos y respuestas

El “daño emergente” se entiende como la pérdida de patrimonio ya existente de la víctima, alegó el letrado. Uno de los parámetros sobre los que se funda el pedido de resarcimiento es la proyección del salario mínimo vital y móvil que Paulina hubiera recibido si hubiese trabajado hasta cumplir la edad de jubilación (60). Sobre esto, Parajón Ferullo expuso que este sería un error conceptual. Hasta el momento de su desaparición, “ella no cobraba un salario”, manifestó, por lo que no se puede percibir con claridad cuánto dinero habría ganado hasta jubilarse. “No puede tratarse el daño emergente como un daño eventual, hipotético o una simple suposición”, sentenció.

Otro punto es el de “lucro cesante”. El alegato inicial postulaba que, siendo Paulina madre de Leticia Victoria Lebbos, su desaparición y muerte habrían cortado el único sostén de manutención que habría tenido la entonces niña de cinco años, y se habría proyectado 37 años de ese gasto. Parajón Ferullo dijo que “en realidad se reducirían a 12, que es lo que le faltaría a Victoria para llegar a la mayoría de edad cuando se produjo la muerte de Paulina”. Además, aseguró que las audiencias y testimonios dieron cuenta de que “(Victoria) había sido siempre mantenida económicamente por el señor Alberto Lebbos”. Reiteró que Paulina no participaba de una actividad rentada que le hubiera permitido mantener a su hija, además de que vivían en la casa del padre de Paulina.

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Así, siguió por la “pérdida de chance”, considerando que en el caso de Paulina “era todo potencialidad”, pero que el análisis tenía que ser mucho más exhaustivo que en la demanda original.

El abogado concluyó refiriéndose al concepto de daño moral. Se acusa a la Provincia de falta en el servicio de seguridad, pero el profesional remarcó “la nula inexistencia de pruebas de dolo. Podemos criticar lo que se ha hecho, pero, ¿eso es prueba de dolo?”.

“La acción civil se basa en el argumento de que, si no se obtuvo un culpable del dantesco homicidio, todos debemos pagarlo”, afirmó.

Parajón Ferullo concluyó con la aseveración de que la causa civil estaría diluyendo “el único y verdadero hecho dañoso en esta causa no es otro que la desaparición y muerte de Paulina”.

El diario del juicio
La recta final

Con la exposición de Carlos Parajón Ferullo y de Cecilia Vaccaro concluyó el alegato de los abogados defensores de la Provincia de Tucumán. Esta fue la última de las sesiones de esta naturaleza.

Hoy, desde las 8.30, tendrá lugar en Tribunales (Pasaje Vélez Sársfield 450) la réplica del fiscal Carlos Sale a los alegatos presentados por todas las partes.

Para el jueves 14 y viernes 15, están programadas las dúplicas: respuestas que se presentarán ante el Tribunal.

Lo único que restaría confirmar son las fechas en que tendrán lugar las palabras finales y la sentencia del juicio.

Sin embargo, se estima que si los pasos previos se dan con normalidad, el fallo podría ser dictado antes de que finalice el mes.