La Fundación Huésped se suma al reclamo de ILE para la niña violada por la pareja de su abuela

La Fundación Huésped se sumó al reclamo de Ni Una Menos Tucumán y otras organizaciones para que no se obstaculice el acceso a la interrupción legal del embarazo a la niña de once años embarazada tras haber sido violada por la pareja de su abuela. También alertaron sobre la información sensible que se dio a conocer sobre el caso y cuestionaron al diario La Gaceta.

"La dilación de la práctica por parte del sistema de salud provincial no sólo atenta sobre sus derechos si no que judicializa indebidamente el acceso a la salud, viola la confidencialidad de la relación sanitaria, e incurre en violencia y tortura", planeó Huésped en su cuenta de Twitter, según reproduce PáginaI12.

La Fundación remarcó que la Justicia solo debe intervenir para investigar el abuso que sufrió la niña. "Cualquier artimaña de funcionarios judiciales para dilatar la práctica conlleva mal desempeño del funcionario público y deberá ser debidamente investigada por las autoridades competentes", agregó.

Y recordó que "desde 1921 el Código Penal contempla causas justificatorias para la interrupción del embarazo y el caso de esta niña entra claramente en ellas". "El Fallo FAL de La Corte Suprema de 2012 exigió que no se impida el acceso a la práctica burocrática o judicialmente", completó la Fundación Huésped.

Según se publicó ayer, S. B., madre de la víctima, será nombrada tutora legal de su hija para que resuelva si convalida la decisión de su hija en el caso de que decida interrumpir la gestación. La niña aún no habría manifestado si quiere abortar.

El lunes, la pequeña declaró en cámara Gesell y confirmó que había sido violada por la pareja de su abuela, un hombre de 65 años. La fiscal del caso, María del Carmen Reuter, decidió que la madre vuelva a ser la tutora legal de la niña. En sus declaraciones ante la Justicia, la nena no pidió interrumpir el embarazo.

Soledad Deza, abogada feminista e integrante de Católicas por el Derecho a Decidir, señaló que, en el caso de menores de trece años, la ley contempla que la niña debe solicitar interrumpir su embarazo y su decisión debe ser convalidada por su responsable legal. “La niña tiene derecho a decidir, pero para acceder al tratamiento su consentimiento debe estar complementado por la firma de su responsable legal”, explicó Deza a PáginaI12.

S. B. había perdido la custodia de su hija hace cuatro años, cuando su ex pareja fue acusado de abusar sexualmente de las hermanas de la niña. Desde entonces, la pequeña había quedado al cuidado de su abuela. La fiscal Reuter solicitó que la niña sea internada en un hospital público para recibir una mejor atención. Ordenó, además, que se brinde ayuda psicológica especial a la víctima y pidió que se realice un informe diario sobre su estado de salud.

Deza sostuvo que el movimiento de mujeres tucumano está en alerta por la cantidad de información sensible que se da a conocer sobre casos de abusos sexuales a menores de edad. “En el último mes se ha ventilado la vida de niñas y, además, se ha violado la confidencialidad entre médico y paciente”, afirmó.

La abogada señaló que el sistema público de salud es responsable de revelar datos sobre estos casos, pero que también existe “una connivencia de los operadores” que brindan información de las causas judiciales. “Nos parece que esto crea un escenario de vulnerabilidad de derechos porque evidencia la falta de respeto por los Derechos Humanos vigentes y nos hace pensar hasta qué punto los antiderechos no operan adentro de esas instituciones”, inquirió Deza.

La integrante de Católicas por el Derecho a Decidir aseveró que se vulneró la intimidad de la niña porque se dió a conocer el nombre de su madre y del Centro de Atención Primaria de Salud (CAPS) donde fue atendida. “Esa criatura debe volver a su vida en una localidad en la que no hay tanta gente. Si se dan a conocer esos datos, ¿cómo puede volver al colegio esa criatura sin ser una víctima toda su vida?”, afirmó Deza. “Es necesario que se respete la confidencialidad”, agregó.

También trascendió que, en caso de que S.B. y su hija soliciten interrumpir el embarazo, intervendría en la causa la fiscal Adriana Giannoni. “No es oficial, pero este proceder sería totalmente incorrecto”, manifestó Deza, para quien sería “indebida” la intervención de Giannoni porque la fiscal Reuter ya tiene a su cargo la causa. “Si se respeta el fallo F.A.L. y el protocolo (de aborto no punible), no se tiene que fiscalizar el consentimiento. Ni una junta médica, ni un equipo judicial y mucho menos una fiscal ajena al caso de abuso deberían intervenir en cuestiones inherentes a la vida de la criatura”, sostuvo.

Según S.B., el hombre de 65 años abusó de su hija hace cuatro meses. El abusador habría quedado solo con la niña en la casa de su abuela y la violó. Cuando S.B. se enteró de lo sucedido, llevó a su hija a un CAPS de la zona, donde le informaron que estaba embarazada. “Me parece que es importante que comencemos a pensar por qué se detectan tarde los abusos”, reflexionó Deza y señaló que en los casos más recientes, los embarazos fueron detectados recién en el segundo o tercer trimestre. (PáginaI12)

Nos sumamos al reclamo de @niunamenostuc para garantizar el derecho a la ILE de una niña que ha pedido en reiteradas oportunidades, tanto en sede judicial como hospitalaria, la interrupción de su embarazo producto de una violación que, además, pone en riesgo su vida. pic.twitter.com/uOlCwDH8iv

— Fundación Huésped (@FundHuesped) 15 de febrero de 2019