12/03/2019

Tucumán

Juntan firmas para repudiar la denuncia a los médicos que operaron a "Lucía"

Las ONGs Cladem Argentina y Andhes difundieron un comunicado para apoyar a los doctores que practicaron la cesárea a la menor de 11 años y fueron acusados de homicidio calificado por un grupo de abogados "pro vida".
Juntan firmas para apoyar a los médicos que operaron a "Lucía"
RECHAZO
Diversas organizaciones sociales repudian la denuncia por homicidio calificado que presentó un grupo de abogados "pro vida" contra los profesionales que practicaron la cesárea a la menor de 11 años.
 12 Mar 2019 - 10:31
La ONG Cladem, impulsora del repudio a la denuncia contra los profesionales, en la marcha del 8M.
Las ONGs Cladem Argentina y Andhes difundieron un comunicado en repudio a la denuncia por homicidio calificado que se presentó este lunes contra los médicos Cecilia Ousset y José Alberto Gijena y la abogada Adriana Romano Mazzone. El comunicado fue apoyado por diversas organizaciones feministas, políticas y de derechos humanos y convocan a la comunidad tucumana a sumarse al repudio a través de una firma.
Según advierten en el documento "en la práctica realizada por los médicos no hay delito. La interrupción legal del embarazo está establecida por el artículo 86 del Código Penal y garantizada del fallo F.A.L. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En dicha resolución, la Corte determinó que cualquier aborto de un embarazo producto de una violación no es punible, tanto para la mujer como para la persona que cause la interrupción del embarazo".
Además consideraron que la denuncia, además de no tener asidero legal, constituye "un serio amedrentamiento hacia profesionales que lo único que hicieron es cumplir con el derecho al aborto no punible de Lucía, donde se cumplimentaron los requisitos por la causal de la violación", expusieron. 
Seguidamente en el texto añaden que "es innegable que la intención de la denuncia tiene como objetivo, además, lanzar un mensaje disciplinador para que los médicos y médicas se nieguen a garantizar derechos que ya existen".
El comunicado completo:
Desde Cladem Argentina,  Andhes y las organizaciones de mujeres, feministas, sociales, políticas, profesionales y de derechos humanos abajo firmantes repudiamos la denuncia maliciosa por homicidio calificado, impulsada por un grupo de abogadxs de sectores antiderechos, contra las doctoras Cecilia Ousset, Romero y el doctor José Gigena quienes realizaron la Interrupción Legal del Embarazo, a través una microcesárea a Lucía, la niña de 11 años embarazada producto de una violación. 
En primer lugar, advertimos que en la práctica realizada por los médicos NO HAY DELITO. La interrupción legal del embarazo está establecida por el artículo 86 del Código Penal y garantizada del fallo F.A.L. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En dicha resolución, la Corte determinó que cualquier aborto de un embarazo producto de una violación no es punible, tanto para la mujer como para la persona que cause la interrupción del embarazo.
La denuncia, además de no tener asidero legal, constituye un serio amedrentamiento hacia profesionales que lo único que hicieron es cumplir con el derecho al aborto no punible de Lucia, donde se cumplimentaron los requisitos por la causal de la violación. Además teniendo en cuenta que el retraso de dicha intervención se produjo por las dilaciones de los funcionarios y equipo de Salud de Tucumán. Estos obstáculos afectan gravemente la salud de Lucia y constituyen tortura.
Por lo tanto la denuncia es improcedente y la fiscal Adriana Giannoni, a cargo de la Fiscalía Especializada en Homicidios No 1, debe desestimarla y no darle curso. El solo hecho de citar a indagatoria puede considerarse prevaricato y podrá dar lugar a acciones legales en su contra por incumplimiento de deberes de funcionario público.
Giannoni fue denunciada recientemente por los delitos de coacción y abuso de autoridad en concurso ideal entre sí por su accionar en el caso Lucía. Recordamos que el 11 de febrero las autoridades del Hospital del Este recibieron un advertencia de apercibimiento de Giannoni mediante el Oficio 10/2019. Su accionar malicioso y contrario a la ley generó el clima necesario para este tipo de denuncias. Es, al mismo tiempo, quién en su Fiscalía colgó carteles “no cuenten conmigo” cuando la Cámara de Diputados dio medio sanción a la ley para la legalización del aborto. Consideramos que la fiscal actúa bajo los mandatos de su ideología y no apegada a lo que dicen las leyes vigentes. 
Es innegable que la intención de la denuncia tiene como objetivo, además, lanzar un mensaje disciplinador para que los médicos y médicas se nieguen a garantizar derechos que ya existen.
El Estado argentino ya recibió el apercibimiento de dos organismos internacionales por las violaciones de los derechos humanos de Lucía. Desde Naciones Unidos consideraron que las restricciones en el acceso a la interrupción legal del embarazo pueden constituir tortura y malos tratos mientras que el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará condenó la violencia institucional a la que fue sometida la niña.
Por todo esto, instamos a la fiscal Adriana Giannoni a frenar con la intimidación hacia profesionales que solo cumplieron con las leyes. No hay delito que investigar: exigimos el inmediato archivo de la causa. Reiteramos nuestro apoyo a Gijena y Ousset y al resto de los profesionales de la salud comprometidos con los derechos humanos de las mujeres.

Las ONGs Cladem Argentina y Andhes difundieron un comunicado en repudio a la denuncia por homicidio calificado que se presentó este lunes contra los médicos Cecilia Ousset y José Alberto Gijena y la abogada Adriana Romano Mazzone.

El comunicado fue apoyado por diversas organizaciones feministas, políticas y de derechos humanos y convocan a la comunidad tucumana a sumarse al repudio a través de una firma.

Según advierten en el documento "en la práctica realizada por los médicos no hay delito. La interrupción legal del embarazo está establecida por el artículo 86 del Código Penal y garantizada del fallo F.A.L. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En dicha resolución, la Corte determinó que cualquier aborto de un embarazo producto de una violación no es punible, tanto para la mujer como para la persona que cause la interrupción del embarazo".

Además consideraron que la denuncia, además de no tener asidero legal, constituye "un serio amedrentamiento hacia profesionales que lo único que hicieron es cumplir con el derecho al aborto no punible de Lucía, donde se cumplimentaron los requisitos por la causal de la violación", expusieron. 

Seguidamente en el texto añaden que "es innegable que la intención de la denuncia tiene como objetivo, además, lanzar un mensaje disciplinador para que los médicos y médicas se nieguen a garantizar derechos que ya existen".

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El comunicado completo:

Desde Cladem Argentina, Andhes y las organizaciones de mujeres, feministas, sociales, políticas, profesionales y de derechos humanos abajo firmantes repudiamos la denuncia maliciosa por homicidio calificado, impulsada por un grupo de abogadxs de sectores antiderechos, contra las doctoras Cecilia Ousset, Romero y el doctor José Gigena quienes realizaron la Interrupción Legal del Embarazo, a través una microcesárea a Lucía, la niña de 11 años embarazada producto de una violación. 

En primer lugar, advertimos que en la práctica realizada por los médicos NO HAY DELITO. La interrupción legal del embarazo está establecida por el artículo 86 del Código Penal y garantizada del fallo F.A.L. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En dicha resolución, la Corte determinó que cualquier aborto de un embarazo producto de una violación no es punible, tanto para la mujer como para la persona que cause la interrupción del embarazo.

La denuncia, además de no tener asidero legal, constituye un serio amedrentamiento hacia profesionales que lo único que hicieron es cumplir con el derecho al aborto no punible de Lucia, donde se cumplimentaron los requisitos por la causal de la violación. Además teniendo en cuenta que el retraso de dicha intervención se produjo por las dilaciones de los funcionarios y equipo de Salud de Tucumán. Estos obstáculos afectan gravemente la salud de Lucia y constituyen tortura.

Por lo tanto la denuncia es improcedente y la fiscal Adriana Giannoni, a cargo de la Fiscalía Especializada en Homicidios No 1, debe desestimarla y no darle curso. El solo hecho de citar a indagatoria puede considerarse prevaricato y podrá dar lugar a acciones legales en su contra por incumplimiento de deberes de funcionario público.

Giannoni fue denunciada recientemente por los delitos de coacción y abuso de autoridad en concurso ideal entre sí por su accionar en el caso Lucía. Recordamos que el 11 de febrero las autoridades del Hospital del Este recibieron un advertencia de apercibimiento de Giannoni mediante el Oficio 10/2019. Su accionar malicioso y contrario a la ley generó el clima necesario para este tipo de denuncias. Es, al mismo tiempo, quién en su Fiscalía colgó carteles “no cuenten conmigo” cuando la Cámara de Diputados dio medio sanción a la ley para la legalización del aborto.

Consideramos que la fiscal actúa bajo los mandatos de su ideología y no apegada a lo que dicen las leyes vigentes. 

Es innegable que la intención de la denuncia tiene como objetivo, además, lanzar un mensaje disciplinador para que los médicos y médicas se nieguen a garantizar derechos que ya existen.

El Estado argentino ya recibió el apercibimiento de dos organismos internacionales por las violaciones de los derechos humanos de Lucía. Desde Naciones Unidos consideraron que las restricciones en el acceso a la interrupción legal del embarazo pueden constituir tortura y malos tratos mientras que el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará condenó la violencia institucional a la que fue sometida la niña.

Por todo esto, instamos a la fiscal Adriana Giannoni a frenar con la intimidación hacia profesionales que solo cumplieron con las leyes. No hay delito que investigar: exigimos el inmediato archivo de la causa. Reiteramos nuestro apoyo a Gijena y Ousset y al resto de los profesionales de la salud comprometidos con los derechos humanos de las mujeres.


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