23/05/2019

Tucumán

Un comisario deberá pagar $35.000 por apremios ilegales

El juez Roldán Vázquez pidió que se inicie una causa contra el funcionario policial por las agresiones que sufrieron dos presos en el penal de Villa Urquiza.
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El comisario deberá pagar 35 mil pesos.

El jefe de la seccional 5 además será investigado por la fiscala. El juez Roldán Vázquez pidió que se inicie una causa por apremios ilegales

El caso de las agresiones que sufrieron los dos presos que denunciaron la venta de drogas en el interior del penal movilizó al Poder Judicial. Pedro Roldán Vázquez, camarista que evitó una golpiza a uno de los detenidos, ordenó multar e investigar a un comisario por no haber cumplido con la orden que había dado para preservar la integridad fisica de los denunciante. En tanto que la Cámara de Apelaciones, por un planteo que realizó el defensor de uno de los afectados, pidió a otro magistrado que resuelva cuanto antes el habeas corpus a su favor y, por precaución, fue trasladado ayer a la mañana a la comisaría de Los Aguirre. Por último, la Corte Suprema de Justicia decidió actuar ante la gravedad del hecho.

En su resolución, Roldán Vázquez informó que el viernes recibió un llamado del juez federal Daniel Bejas. El magistrado le pidió que tome todas las medidas necesarias para proteger a Gonzalo Giri, que era un detenido que dependía de él y que había declarado como testigo en una causa por tráfico de drogas en el penal en la que estaban involucrados guardiacárceles. El magistrado, entonces, después de acordar con el jefe de la Unidad Regional Capital, Fabián Salvatore, ordenó el inmediato traslado del recluso a la seccional 1ª.

Convocó a personal de la seccional 5ª para que tramite de manera urgente la medida que había ordenado. En el oficio también había dispuesto que una vez que se concretase el traslado debían comunicarlo llamando al teléfono que se había consignado en el escrito. Como nada de eso ocurrió, el magistrado decidió presentarse el sábado en el penal y allí se encontró con Giri golpeado.

Roldán Vazquez, según consta en la resolución y en las actuaciones, supervisó personalmente el traslado de Giri al calabozo de la seccional 1ª. No fueron agentes de la Dirección de Institutos Penales quienes hicieron el operativo, como él lo había solicitado, tal como se informó ayer. El magistrado, al sospechar que estaba ante una situación irregular, indagó por qué no se había cumplido con el oficio.

Convocó a su despacho al jede de la seccional 5ª, comisario Elías Alejandro Olivera, para que explicara sobre lo sucedido. El funcionario, según consta en el expediente, dijo que por todas las obligaciones que tiene, no recordaba que el oficio era de cumplimiento urgente. “La explicación es insuficiente, dada la gravedad y urgencia del caso, que no pudo escapar de la compresión del comisario y especialmente teniendo en cuenta que había concurrido en forma personalmente a trasladar un oficio que inequívocamente refería a un trámite urgente”, se lee en la resolución.

En el expediente figura además la declaración de un subalterno del funcionario policial. Este declaró que en más de una oportunidad, citando a testigos, le dijo a Olivera que se trataba de un tema de resolución urgente. “Él me contestó: ‘vos dedicate a hacer la ronda que yo me encargo de esto”, se pudo leer.

Roldán Vázquez entendió que la actitud del funcionario policial puso en peligro la vida de Giri, por lo que resolvió que abone una multa de $35.000. “…Que el sacrificio que implique el pago de esa multa represente en su conciencia la gravedad de la misma y motive al señor comisario a reflexionar sobre la conveniencia del cumplimiento estricto de sus funciones”, argumentó el magistrado en el fallo.

El juez ordenó además que los apremios ilegales sean investigados por la fiscala Mariana Rivadeneira. Notificó además al ministro fiscal Edmundo Jiménez para que esté al tanto de su decisión.

Entonces, deberá investigar si se trató de un caso de apremios ilegales o, por la gravedad de las lesiones, si se trató de torturas, pero para ello deberá esperar los resultados de todos los estudios que se hicieron y que faltan por hacer, ya que recién podrán ser atendidos a partir de mañana en el Centro de Salud. También tendrá que indagar para identificar a los autores de la agresión.

La fiscala deberá profundizar la investigación para determinar si el comisario Olivera no cometió algún delito al no haber cumplido con el oficio. Todavía no está en claro por qué el personal de Instituto Penales no trasladó al reo, ya que, según trascendió, los agentes tenían conocimiento desde el sábado al mediodía.

Ayer a la mañana, el abogado Gustavo Morales presentó un hábeas corpus en la Cámara de Apelaciones a favor de Atanasio Isidoro Ledesma, el otro reo que denunció a los guardiacárceles. Lo hizo porque entendía que las autoridades no estaban actuando con la celeridad del caso. Sin embargo, en un fallo firmado por el camarista Enrique Pedicone, se rechazó el planteo.

En la resolución se informó que el reo está siendo tratado de la lesión que sufrió en el ojo y que el caso debería ser investigado por el juez natural, que en este caso es Francisco Pisa, quien habría resuelto ordenar su trasladado hasta la comisaría de Los Aguirre por cuestiones de seguridad.

Por último, relatores y funcionarios de la Corte Suprema de Justicia se entrevistaron con los dos detenidos. Según confió un funcionario del máximo tribunal de la provincia, habrían confirmado la gravedad de las lesiones que sufrieron y del caso. No se informó si tomarán algún tipo de medida sobre el tema. (losprimeros.tv)


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