El conflicto de los ómnibus en Tucumán entra en un mes de negociaciones

La amenaza de un paro de colectivos se aplazó hasta noviembre. La Secretaría de Estado de Trabajo dictó la conciliación obligatoria durante la audiencia de mediación con los empresarios del transporte y miembros del sindicato de choferes, por los 150 despidos que se produjeron hace una semana. De esta manera, y por un plazo de 15 días hábiles (que pueden extenderse por cinco días hábiles más), los trabajadores echados deben ser reincorporados y no pueden realizarse huelgas.

El conflicto había llegado a un momento de tensión ayer al mediodía. La cúpula de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat), solicitó un cuarto intermedio por un día, para continuar con la audiencia. César González, titular de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en la provincia, y Jorge Kiener, secretario de Interior de UTA nacional, salieron para anunciarles a los trabajadores y recientes despedidos que había dos opciones: los reincorporaban a todos o empezaba un paro por tiempo indeterminado. Los más de 200 afiliados que marcharon ocho cuadras entre la sede del gremio y el edificio de la Secretaría de Trabajo, esperaban en la vereda. Roberto Palina, secretario de Trabajo, dictó la conciliación obligatoria para evitar que la provincia se quede sin transporte.

Alcances del paréntesis

“La conciliación obligatoria implica que el conflicto se retrotrae a foja cero, al punto inicial. El gremio y Aetat la acataron, lo que fue importantísimo. El plazo es de 15 días hábiles, y suele extenderse por cinco días más, así que hay un mes para buscar la manera de que nadie quede sin trabajo y el conflicto se solucione”, explicó Palina. Si la medida se extendiera por 20 días hábiles, finalizará el 7 de noviembre. Si no hay un acuerdo hasta esa fecha, volvería la amenaza de un potencial paro.

“Está difícil la salida a este conflicto. Lo peor que podía ocurrir era que haya medidas de fuerza: perdían las dos partes y la población quedaba sin transporte. Aunque ninguna de las partes solicitó la conciliación, la ley nos habilita a dictarla cuando hay una medida de fuerza convocada. Por eso intervenimos”, explicó el funcionario provincial.

La resolución 812, que oficializa la medida, determina que el martes de la semana que viene se realice la primera audiencia de conciliación. En ese encuentro se analizarán los puntos de conflicto y se designará a los representantes profesionales.

Para los empresarios

El vicepresidente de Aetat, Jorge Berretta, aseveró que acepta la resolución de la cartera laboral, pero dudó de su eficacia. “Al haber conciliación obligatoria se reincorporan los despedidos por 15 días hábiles, en el transcurso de ese tiempo hay que arreglar el problema. El día 15 de este mes convocamos a la audiencia en la Secretaría de Trabajo al Ejecutivo provincial, municipal, los choferes y nosotros, porque esto es nada más que un parche para ganar tiempo”, advirtió.

Berretta insistió en que las empresas han solicitado atención hace años: “hemos planteado durante mucho tiempo que la ecuación económica no cierra; que las políticas del Gobierno nacional perjudicaron a los usuarios con semejante devaluación, donde los insumos son en dólares y nuestra recaudación es en pesos. Que no somos privados, que si bien explotamos el servicio privado, estamos regulados en nuestros ingresos y que la situación es crítica, que hubo reducción de servicios y por ende tuvimos que hacer una reducción de personal para garantizar el servicio básico de transporte”, agregó.

Para los trabajadores

“La conciliación nos obliga a todos a sentarnos en una mesa de negociación que debe ser mucho más amplia que trabajadores y empresarios, porque es transporte público”, reflexionó con este diario Kiener.

El representante de UTA apuntó por la crisis a los gobiernos nacional y provincial. “Uno conoce el territorio y en Capital Federal y AMBA -por el conurbano bonaerense- este tipo de conflictos se solucionan con subsidios que pone la Nación, a diferencia de lo poco que vuelcan en el interior del país. Esto obliga a que intervengan los gobiernos provinciales y municipales para que las tarifas no se disparen un cien por cien”, relató. Y agregó: “entendemos que si las provincias y los municipios no intervenían, estudiantes, jubilados, trabajadores y demás usuarios no hubiesen podido pagar un boleto. La Provincia y los Municipios deben participar de la mesa de negociación porque de los $ 6.500 millones que pone la Nación del fondo de compensación en subsidios al transporte sobre los $ 20.000 millones que pagaba la Nación hasta el año pasado, no habrá nada en el año que viene en el Presupuesto Nacoinal. La situación se va a agravar a menos que las partes encuentren una solución”.