Paritarias estatales: expectativas de un acuerdo firmado antes de las elecciones

Las negociaciones entre el Gobierno y los sindicatos estatales para aumentar los salarios y contrarrestar la inflación están en una etapa crucial. El gobernador Juan Manzur se ha reunido intensamente con los ministros Carolina Vargas Aignasse (Gobierno) y Eduardo Garvich (Economía) para diseñar una oferta que presentarán a los representantes sindicales. 

El objetivo del gobernador es cerrar las negociaciones la próxima semana, ya que se ha confirmado que habrá elecciones en Tucumán el 11 de junio. La oferta oficial se basa en tres opciones discutidas durante las conversaciones lideradas por el Gobierno. 

La primera opción implica adelantar el porcentaje de aumento previsto para julio, que es del 8%. Este porcentaje es similar al incremento experimentado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en abril pasado. 

De esta manera, se busca evitar una mayor pérdida del poder adquisitivo de los empleados estatales. Según las proyecciones oficiales, el salario bruto mensual para un empleado de la administración centralizada alcanzará los $199,000 hasta julio próximo, incluyendo los aportes patronales.

Originalmente, se acordó una recomposición salarial cercana al 38%, pero los aumentos de precios en alimentos ya han cubierto gran parte de ese porcentaje. 

Por lo tanto, los sindicatos están demandando mejoras adicionales. Solo con esta solicitud, el Estado debería destinar unos $3,500 millones adicionales al presupuesto mensual destinado a los salarios, que actualmente alcanza los $29,700 millones para cubrir a aproximadamente 110,000 empleados.

Según los cálculos oficiales, a partir del segundo semestre, un maestro debería ganar alrededor de $320,000 mensuales, con un aumento del 40% durante los siete primeros meses del año. En el caso de los empleados del sector de la salud, se espera que el ingreso bruto promedio alcance los $276,000 hacia el séptimo mes del año.

A su vez, en las zonas rurales, la mejora es un poco mayor (un aumento del 43%), ya que se trata de los salarios más bajos en el sector público provincial. 

La meta es que para julio, los trabajadores en las comunas rurales puedan ganar alrededor de $187,000 al mes, una cifra ligeramente superior al monto total mensual de la Canasta Básica Total (CBT), que es el umbral de ingresos para no caer en la pobreza.

En la lista de salarios, el mayor gasto en personal corresponde al sector educativo, teniendo en cuenta los montos brutos de esta obligación estatal:

• Según un informe del Ministerio de Economía, se destinan aproximadamente $8,000 millones mensuales para los salarios de los maestros, tanto para cargos titulares como interinos, suplencias y cátedras.

• Le sigue el sector de la Salud, con un gasto mensual de aproximadamente $6,000 millones.

• En tercer lugar se encuentra el Poder Judicial, que destina cerca de $4,700 millones mensuales para cubrir los salarios de sus empleados.

• El cuarto lugar lo ocupa la administración general, con un gasto en personal de aproximadamente $4,200 millones.

• El quinto puesto corresponde a las fuerzas de seguridad de la provincia, con un gasto salarial de alrededor de $2,800 millones, y muy cerca se sitúa el Poder Legislativo con $2,700 millones.

Si bien la recomposición salarial puede lograrse a través de un adelanto del aumento previsto para julio, en la sede del Poder Ejecutivo también han recibido otras propuestas de los sindicatos. 

Por ejemplo, se plantea la posibilidad de otorgar un bono (algunos gremios solicitaron un monto de $60,000 por empleado) e incluso una suma fija adicional, que se agregaría a los recibos de sueldo durante un período determinado, como una forma de mitigar las pérdidas frente a la inflación.

En el Ministerio liderado por el ministro Garvich, se destaca la disposición al diálogo por parte de los sindicatos con el objetivo de llegar a un acuerdo y cerrar las negociaciones salariales la próxima semana. 

El Gobierno considera que puede haber una combinación de propuestas como una forma de satisfacer las demandas de los representantes estatales.