15 países declaran que Venezuela no está en democracia y rechazan la ANC

Los cancilleres de 15 países de América y el Caribe suscribieron este martes la "Declaración de Lima" por la que consideran que Venezuela "ya no es una democracia" y "son ilegítimos" los actos emanados de la Asamblea Constituyente.

Esas fueron dos de las conclusiones expresadas en la denominada "Declaración de Lima", difundida por los cancilleres nada más terminar la reunión que mantuvieron a lo largo de todo el día de hoy en la capital peruana y que incluyó el reconocimiento de la Asamblea Nacional como único órgano legítimamente elegido en Venezuela, el rechazo a la violencia y una condena a la violación de los derechos humanos cometidos en el país.

La Declaración condena "la violación sistemática de los derechos humanos y las libertades fundamentales, la violencia, la represión y la persecución política, la existencia de presos políticos y la falta de elecciones libres bajo observación internacional independiente".

"Enérgico rechazo a la violencia y cualquier opción que involucre el uso de la fuerza", señala además el documento, suscrito entre otros por Brasil, Canadá, Colombia y México, establece que los países que la firman sólo reconocerán los actos que según la Constitución de 1999 requieran la aprobación de la Asamblea Nacional cuando ésta efectivamente se la otorgue.

Presentada por el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Ricardo Luna, la declaración es la respuesta de 15 países al inicio de los trabajos en Venezuela de la Asamblea Constituyente, conformada exclusivamente por chavistas.

Luna no dudó en afirmar ante los medios presentes que "lo ocurrido en Venezuela" en los últimos días "es un quiebre decisivo" en la situación política y que "lo que tenemos ahora es que Venezuela es una dictadura". "Básicamente la declaración es un acuerdo sobre el hecho de que en Venezuela se ha roto el orden democrático, y restablecer ese orden, pasa por revertir la Asamblea Constituyente", afirmó.

La oposición boicoteó la Constituyente, convocada por el presidente Nicolás Maduro para tratar de poner fin a la ola de protestas opositoras y sacar al país de la grave crisis económica que vive, por considerar que la Constitución establece que su convocatoria debía haber sido aprobada por un referendo previo. 

La Declaración de Lima, por otra parte, en su "pleno respaldo y solidaridad" con la Asamblea Nacional "democráticamente electa", señaló que todos los actos jurídicos que conforme a la Constitución venezolana vigente "requieran autorización" de la misma, sólo serán reconocidos cuando dicha Asamblea "los haya aprobado".

Además, también expresó "su apoyo y solidaridad con la Fiscal General y los integrantes del Ministerio Público de Venezuela" y exigió la "aplicación de las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos". El documento también resaltó que en Venezuela no se cumplen los "requisitos y obligaciones" de los miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y respaldaron la decisión de "continuar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Venezuela".

También se apoyó explícitamente al Mercosur por su decisión de suspender a Venezuela en aplicación del Protocolo de Ushuaia. En su último punto, la Declaración de Lima subrayó su apoyo "de manera urgente" a "todo esfuerzo de negociación creíble que y de buena fe" que cuente con "el consenso de las partes" enfrentadas en Venezuela y que esté "orientado a alcanzar pacíficamente el restablecimiento de la democracia en el país". (BBC, Infobae)